07 de octubre de 2017
07.10.2017

El exalcalde de Vinaròs acata la sentencia de inhabilitación pero no la comparte

Jordi Romeu ha sido condenado por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación continuada

06.10.2017 | 23:15

El exalcalde socialista de Vinaròs Jordi Romeu, dijo ayer que «acato la sentencia pero no la comparto». Romeu compareció en la sede socialista arropado por varios ediles socialistas y del PVI de la etapa en que fue alcalde.

Romeu ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Castelló a tres años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada.

En su comparecencia Romeu defendió su gestión al frente del ayuntamiento asegurando que su gestión nunca fue para beneficio personal. El ex primer edil socialista apuntó que se trabajó por el beneficio del interés municipal y procurando solucionar los problemas cotidianos del municipio y sus vecinos.

Actualmente Romeu no tiene en este momento ningún cargo público y en su día dimitió como secretario general de la agrupación local socialista.

El que fuera alcalde de Vinaròs explicó que «en todos los ayuntamientos a lo largo de un ejercicio presupuestario se realizan muchos contratos y adjudicaciones, la mayoría mediante concurso público en todo lo que es previsible, pero en el día a día en las administraciones locales se presentan muchas situaciones no previstas y por diferentes motivos el consistorio debe gestionar y solucionar de manera rápida y no puede esperar a realizar un procedimiento administrativo que por regla general es largo».

Así, citó ejemplos, «cuando hay inundaciones debe actuarse en la playa o en los caminos que han sido afectados por el temporal, en aquella época el vertedero municipal solía incendiarse y requería de actuaciones inmediatas, entre otras cosas que no estaban presupuestadas pero que son urgencias que deben solucionarse».  

Unas actuaciones que van ligadas en reparos de los técnicos en algunas facturas, «sea el consistorio grande o pequeño y en cualquier época».

Por último, Romeu aseguró que «nunca, y esta es la discrepancia mayor con la sentencia, se han fraccionado las facturas, sino que se puede comprobar que han sido actuaciones de urgencia o excepcionales en lugares y meses diferentes que sumadas superaban administrativamente el tope».

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