La Fiscalía de Castelló decidió ayer archivar las diligencias de investigación por las supuestas facturas irregulares que denunció el gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló, Joaquín Sanchis, en junio de 2016 y cuyo coste ascendía a 33 millones de euros tras la ampliación de la denuncia inicial.
La junta de fiscales de Castelló asumió por unanimidad ,en la reunión celebrada ayer, el criterio expuesto por la Fiscal instructora del caso, quien consideró que las irregularidades no son constitutivas de los delitos penales de malversación de caudales públicos y de prevaricación que se instaron al inicio de la investigación. Esta fiscal manifestó en su propuesta de decreto que «los hechos denunciados pudieran constituir irregularidades administrativas y contables», pero concluye que «no consta ninguna apropiación o distracción de caudales públicos». De hecho, circunscribe el delito al supuesto de que las facturas hubieran sido ficticias y no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados, «circunstancia que no resulta acreditada en el presente caso».
En su argumentación sugiere la fiscal que los hechos denunciados por la dirección del Hospital Provincial «parecen obedecer más a una mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos, ya que en el largo periodo analizado -de 2003 a 2015- se llevaron a cabo diversas obras de remodelación y adaptación de los edificios que componen el centro hospitalario y que tales obras y servicios se seguían realizando y prestando, emitiendo las correspondientes facturas, a pesar de haberse excedido el importe fijado en los respectivos expedientes de contratación».
En su denuncia, el gerente del Hospital Provincial puso en conocimiento de la Fiscalía un informe realizado por el equipo económico de la Conselleria de Sanidad y del propio hospital a requerimiento de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en el que se relataban las irregularidades detectadas en relación con los expedientes de contratación del Provincial con dos empresas entre 2003 y 2015.
La Fiscalía de Castelló decidió admitir la denuncia y activó el convenio con la Generalitat para que los técnicos de la Intervención General de la administración valenciana valoraran las citadas irregularidades, que inicialmente sumaban 25 millones de euros pero que llegaron a ser 33 millones tras después de que el propio gerente ampliara la denuncia.
En este sentido, en el decreto de archivo de las diligencias, la Fiscalía remite al informe de la Intervención General de la Generalitat y especifica que en la auditoría relativa al año 2016 se seguían produciendo las irregularidades contables denunciadas y en este caso por un importe de 8,5 millones de euros.
Cabe apuntar que la denuncia se enmarca en el contexto de lucha política iniciado a raiz del cambio de equilibrios de poder producido en el consorcio como consecuencia de los resultados de las elecciones autonómicas de 2015. La mayoría en el Consejo de Gobierno pasó a manos del PSPV. Según informaron fuentes de la conselleria de Sanidad, la investigación se inició al detectarse facturas irregulares de Piaf, una empresa vinculada con la financiación ilegal del Partido Popular y cuyo responsable reconoció pagos a cambio de contratos públicos.
«Obligación de denunciar»
El gerente del Hospital Provincial, Joaquín Sanchis, manifestó al respecto del archivo de la denuncia que « ante la sospecha del mal uso de dinero público, remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castelló» e insistió en la «obligación de control del dinero público y en la gestión, y nuestro compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades para garantizar el buen uso del dinero público, tal y como se ha procedido en este caso».
