La atribución de culpabilidades al respecto de la deficiente gestión contable del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló dio ayer un giro de 180 grados y las críticas que vertió el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, sobre la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se volvieron contra el propio Moliner al constatarse que las referencias de la Fiscal a las irregularidades corresponden a su etapa como vicepresidente plenipotenciario del consorcio.
La Fiscal que propuso el archivo de la causa sobre las supuestas facturas irregulares del Hospital Provincial citó la continuidad de esos hechos más allá de 2015 y por tanto del marco temporal que abarcaba la denuncia interpuesta por el gerente del Provincial, tal y como están recogidas en la auditoria realizada por la Intervención General de la Generalitat. No obstante, esa auditoría, realizada efectivamente en 2016, se centra en el ejercicio 2015, en el que el Partido Popular a través de la conselleria de Sanidad y de la Diputación de Castelló guiaba la política del centro.
Entre esas irregularidades, se citan los casi 8,5 millones de euros que no se tramitaron presupuestariamente por falta de consignación. Así mismo, en este capítulo, la auditoría critica que existen 679.000 euros del ejercicio 2015 que no están justificados y que son «consecuencia de gastos necesarios e imprescindibles para el funcionamiento del centro hospitalario». Es decir, que como sostiene el Ministerio Fiscal, no hubo «distracción de caudales públicos», pero sí irregularidades contables.
La auditoría también señala que el centro acumula un pasivo financiero de 30 millones de euros y que esta situación «indica la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la entidad de mantener sus obligaciones», al tiempo que certifica que «la continuidad del consorcio viene garantizada por el apoyo presupuestario de la Generalitat, disponiendo de presupuesto para el ejercicio 2016». En este sentido, la auditoría se refiere al hecho de que la Generalitat ha asumido la totalidad de dicha deuda y tiene previsto amortizarla en un plazo máximo de dos años.
Así mismo, la revisión de las cuentas critica que se compraron en el año 2015 un total de 150 ordenadores personales sin promover «las condiciones de igualdad entre los licitadores».
Respuesta de la consellera
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, afirmó ayer que tienen la «obligación» de poner en conocimiento de la justicia las irregularidades que encuentra, para que esta determine si son solo irregularidades administrativas o un ilícito penal, y así lo seguirán haciendo en los casos que encuentren.
La consellera explicó que cuando llegó el nuevo equipo de gobierno se encontró con irregularidades administrativas por 33 millones de euros, acreditadas por los técnicos de la conselleria, en facturas que «transgredían» la ley de Contratos, y en las que además estaba implicada una empresa de la trama Gürtel. Explicó que era obligado ponerlo en conocimiento de la Justicia, algo que seguirán haciendo en todas las instituciones.
