Frenar los lanzamientos y lograr un mayor parque de viviendas sociales sigue siendo uno de los retos de un equipo de gobierno, formado por PSPV y Compromís, que anunció en 2015 que iba a cerrar el círculo de los desahucios, pero al que la realidad de la lenta burocracia, y la falta de medios técnicos y humanos, le impiden llegar a la meta.
El pleno municipal, una vez, debatió sobre el tema con la excusa de la moción de Castelló en Moviment para elaborar un protocolo municipal de actuación ante los casos de lanzamientos. Fue el momento para el apoyo unánime de los cinco grupos políticos, pero también para las duras críticas entre partidos, en especial entre el PP, Compromís y la propia alcaldesa, Amparo Marco. A la máxima autoridad municipal no le gustó que la portavoz popular, Begoña Carrasco, les acusase de «engañar» a los castellonenses en estos 30 meses de gestión, «porque prometieron solucionar todos los males de la gente y acabar con los desahucios, y han visto que eso es imposible». Carrasco, además, aseveró que el consistorio «solo ha sido capaz de realojar a 4 de las 150 familias que hay en lista de espera».
La alcaldesa, tras el debate entre los grupos políticos, tomó la palabra para recriminarle al PP sus críticas por un tema, el de las viviendas sociales municipales, «que bien saben cómo nos las dejaron cuando llegamos al gobierno». Reveló incluso que algunas de ellas «eran auténticos palomares» y que incluso había ocupantes que las dejaban «para que familiares viniesen de veraneo».
La vicealcaldesa, Ali Brancal, responsable del área de vivienda social, relató por su parte el «esfuerzo en poner en orden» todo el parque municipal, «dentro de la legalidad, con el presupuesto limitado y con los condicionantes de la Ley Montoro» que, según recordó, les ha impedido contratar en tiempo y forma al personal adecuado para atender la Oficina Municipal de Vivienda. Brancal también incidió en el «desolador» estado de las viviendas sociales municipales, atacando al PP por «haber dejado estar en ellas, sin ningún control, a familias que vivían en una inseguridad manifiesta».
Paz Beltrán, en defensa de la moción de Castelló en Moviment, insistió en que es necesario aumentar la bolsa de viviendas sociales del ayuntamiento, para lo que propuso la adquisición de 14 más para 2018. Así mismo, recordó que los desahucios siguen siendo un drama para muchas familias, aportando como dato los 221 registrados en el segundo trimestre del año.
Educación
A nivel educativo, el Pacte del Grau rechazó la moción del PP, defendida por la edil María España, para acometer la rehabilitación en un total de 10 colegios públicos de Castelló. España acusó al conseller Vicent Marzá de absoluta dejadez de sus funciones al transferir a los ayuntamientos su competencia de construir colegios con el plan Edificant. La réplica se la dio Compromís a dos voces. Su portavoz, Ignasi Garcia,acusó al PP de «utilizar a las familias» y de no tener credibilidad por los «2.000 millones de euros del agujero de Ciegsa, los barracones las líneas eliminadas en varios colegios» o la «criminalización de los docentes». El edil de Educación, Enric Porcar, destacó por su parte los resultados que están dando las actuaciones del conseller.
Avenida Enrique Gimeno
Castelló en Moviment logró por su parte el apoyo unánime a su moción para aplicar cambios en la remodelación prevista en la avenida Enrique Gimeno. Estos pasan por ampliar el espacio para los viandantes y ciclistas al considerar que se deja mucha anchura al paso de los vehículos.
El pleno rechazó por otro lado una moción de Ciudadanos para remodelar los carriles bici que van por encima de las aceras. Los partidos el Pacte de Grau recordaron que el tema ya se trata en el nuevo Plan General y acusaron a la formación naranja de presentar mociones que son «un brindis al sol».
Otros acuerdos plenarios
1.-Zona Acústicamente Saturada de Lagasca: Aprobación, con la abstención de PP y Cs, de las nuevas medidas correctoras, que incluyen el corte del tráfico en la zona las madrugadas del viernes y sábado y más presencia policial, entre otras cuestiones.
2.-Plan Territorial de Emergencias: Unanimidad para sacar adelante un plan que debía haberse aprobado hace ya 25 años y que busca minimizar las consecuencias de cualquier emergencia sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
3.-Plan de Accesibilidad Apoyos de todos los grupos a la moción del PP para incrementar la dotación presupuestaria del Plan de Accesibilidad, que recoge una inversión de 500.000 euros para 2018.
