Silvia Roxana Silvestre, médico ecuatoriana, especialista en medicina familiar y comunitaria, ha presentado una demanda contra Sanidad por su despido mientras realizaba el MIR en la Unidad Docente de Castelló, el pasado 30 de junio. Sanidad mantiene como causa del despido «una evaluación negativa no recuperable». Mientras, la médico sostiene que esa prueba «no tiene validez legal» y que los motivos reales de la rescisión de su contrato fueron «el hostil ambiente en el lugar de trabajo, donde sufrí malos tratos, acoso laboral, discriminación y racismo», puntualiza.

El juicio por esta demanda está fijada para el próximo día 11 en el Juzgado de Lo Social número 4 de Castelló. El abogado de la médico solicita que se declare nulo el despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, del artículo 24 de Constitución, y una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 euros.

La denunciante sostiene que comenzó el Mir en mayo de 2014, con un contrato para especialidades en la Unidad Docente de Castelló, en el Hospital de La Plana. En el momento del despido estaba culminando el programa en el Hospital de Vinaròs. «A raíz de todo este proceso de malos tratos, agresiones verbales y acoso laboral, por parte de responsables del área de Urgencias y de mis compañeros, llegué a enfermar», explica. «Entonces presenté un escrito a Sanidad solicitando el cambio de centro, pero me lo denegaron. Pero fue la comisión de la Unidad docente de Castelló, la que acordó mi cambio al Hospital Comarcal de Vinaròs, en febrero de 2016. En Vinaròs, aunque el ambiente mejoró, fue el coordinador de residentes el que opuso mayor resistencia a mi presencia, y enviaba informes negativos al jefe de la Unidad Docente», añade.

El 3 de julio, Silvia recibió una carta de la Unidad Docente en la que se le comunicaba que «la Comisión de Docencia, celebrada el 13-06-2017 ratificó por unanimidad su calificación de Evaluación Negativa no recuperable, lo cual supone su cese como residente de medicina familia y comunitaria con fecha efectos el 30 de junio de 2017». La denunciante indica que la conselleria, «frente a estos numerosos problemas en lugar de mediar o buscar alguna solución para eliminarlos ha optado por cesar y extinguir la relación laboral mediante un acto que vulnera el la garantía de indemnidad de la actora, como derecho fundamental».

Desde el centro indicaron que la evaluación a la que se refiere la médico es un procedimiento reglado dentro del periodo de formación MIR realizado por la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Castelló. Dicha evaluación se realiza por una Comisión de Valoración, que es un órgano colegiado formado por médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. La calificación como «negativo no recuperable», aseguran, conlleva una consecuencia jurídica automática que es la extinción de su contrato.