¿Qué falla en la atención a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia de género y siguen siendo asesinadas?
Falla, sobre todo, una mayor coordinación entre la actuación judicial y policial y, sobre todo, tener muy claro que ante una amenaza de muerte ser mujer es un factor de riesgo real. Precisamente, recordaba estos días a Encarnación Rubio que fue la primera mujer asesinada en España después de que un juez la amparara con una orden de protección. Ocurrió en 2004 y fue atropellada tres veces por su marido hasta que consiguió matarla. Su asesino debía mantenerse alejado de ella y, sin embargo, burló esa vigilancia. En la actualidad, una de las últimas víctimas por violencia de género ha sido Jessica Bravo a quien su expareja le disparó delante del hijo de tres años que tenían en común cuando iba a recogerle al colegio. También sobre este asesino pesaba una sentencia de alejamiento y también en este caso pudo saltarla. Es evidente que el objetivo principal de las órdenes de protección es defender a la mujer. Ahora bien, la efectividad de esas medidas depende de la articulación y coordinación entre la actuación judicial y la policial. En el caso de Encarnación Rubio se trataba de la primera orden de protección que se emitía en nuestro país pero que en la actualidad, como digo, se siga aduciendo estupor por lo inesperado e imprevisible del asesinato de Jessica Bravo y se dé por respuesta que tanto los jueces como los fiscales implicados siguieron al pie de la letra el protocolo de protección a las víctimas de violencia de género, es inadmisible.
Las mujeres que no denuncian, ¿deberían contar también con un protocolo de actuación en cuanto a seguridad y recursos?
El problema es cuando el maltrato es silente y no se tiene conocimiento de él. Solo cuando hay denuncia se activan los protocolos de protección. No obstante, cuando los Servicios Sociales tienen información de mujeres que sufren malos tratos, que carecen de apoyo familiar y no tienen recursos personales para afrontar su futuro, se ocupan de ellas. La respuesta institucional más inmediata son los Centros Mujer 24 horas. Luego están las residencias. No obstante urge que el Pacto de Estado contra la violencia de género, redactado en julio de este año, se apruebe pronto y se pongan en marcha las medidas acordadas con la suficiente dotación presupuestaria para implementarlas con eficacia.
Los maltratadores incumplen constantemente las órdenes de alejamiento, ¿cómo se puede atajar esto?
Creo que pasa por desarrollar una mayor articulación entre el ámbito judicial y el policial y en no escatimar recursos económicos para que la protección sea eficaz. Pero también se precisa potenciar campañas públicas de sensibilización contra esta lacra social. La violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado y de salud pública y con ese convencimiento es con el que hay que afrontarlo.
Las campañas de las administraciones públicas han quitado la carga sobre la mujer y ahora enfoca más a las personas de su entorno. ¿Qué responsabilidad tienen familiares, amigos y vecinos que saben que una mujer está recibiendo malos tratos?
Antes que nada hay que señalar que la violencia de género no afecta solo a la mujer maltratada sino a toda su familia y por extensión a la sociedad entera. La sociedad está enferma si no cambia el cliché patriarcal. Para cambiar la mentalidad machista hay que empezar pronto a través de la educación, desde la infancia y en la adolescencia, incidiendo en un modelo escolar coeducativo y a favor de la igualdad porque es la desigualdad con la que se han construido históricamente las relaciones entre los sexos, la causa última de la violencia contra las mujeres. Es un hecho comprobado que a mayor desigualdad se da mayor violencia de género y a la inversa. Ahora bien, respondiendo más en concreto a la pregunta, le diré que cuando la violencia machista se entendía como algo privado, de puertas a dentro a cada casa, era fácil desligarse de cualquier responsabilidad social pero ahora esto no es posible. La violencia de género es un problema de Estado y toda la ciudadanía (familiares, amistades, vecinos) asume la responsabilidad implícita que conlleva callar ante actos de injusticia social de los que puedan ser testigos.
En teoría, siempre debe primar el interés del menor pero, ¿cree que es así?
Debe tenerse en cuenta la edad del menor y la asunción de responsabilidades y dedicación que los padres tengan con él. Para conceder la custodia compartida en estos procesos, donde se da un clima de violencia de género entre los progenitores, es preciso considerar el interés del menor, sobre todo, por ser factible el riesgo real de un tipo de violencia vicaria de la que he hablado antes. Y hay que analizar la implicación mayor de la mujer en el proceso reproductivo y en la crianza de los hijos y tenerlo en cuenta pero siempre respetando el interés del menor como criterio legal prioritario a la hora de decidir el destino de los hijos.
