El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que, cada vez se presenta más utópico, y en especial para los familias más vulnerables y con menor poder adquisitivo. En la provincia de Castelló hay, en la actualidad, un total de 401 solicitantes en lista de espera de vivienda pública, según datos del registro de demandantes de la conselleria de Vivienda.
Este departamento de la Administración Autonómica controla el grueso de la oferta del parque de vivienda social destinado a estos colectivos más débiles en el plano económico.
Por municipios, Borriana es la localidad en la que se han adjudicado más viviendas públicas desde julio de 2015, un total de 31, en las que la Generalitat ha invertido 287.000 euros en la reparación y mejora de estos inmuebles.
A la ciudad de Borriana, le sigue Castelló de la Plana con 23 viviendas cedidas en alquiler social; 13 en Nules; seis en La Vall d´Uixó; dos en Benicarló; dos en Almassora; dos en Moncofa; otras dos en Villarreal; y, por último, una en la localidad de la Villavieja.
Desde el inicio de la presente legislatura, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha adjudicado en la provincia de Castelló 82 viviendas públicas a familias con mayores necesidades sociales. Para poder ofrecer estas viviendas en condiciones dignas, el Consell ha destinado cerca de 900.000 euros en los trabajos de rehabilitación.
Según una nota oficial de la Conselleria de Vivienda, «estos datos demuestran el compromiso y el esfuerzo inversor que desde la Generalitat se está realizando para ofrecer el máximo número de viviendas a colectivos con grandes dificultades y en riesgo de exclusión social». « En la actualidad, se trabaja en la reparación de otras nueve viviendas públicas en la provincia y otras ocho se rehabilitarán próximamente», añade la nota.
Desde el primer momento, «el actual Consell ha querido dar un paso más y situó a la vivienda social en el lugar preferente que le corresponde, poniendo a disposición todos los recursos disponibles».
De esta forma, en noviembre de 2015 la consellera María José Salvador presentaba un Plan de Dignificación de la Vivienda Social que incluye diez medidas de choque para gestionar el parque público de la Generalitat, « dando respuesta a la vocación social y de rescate de las personas del Gobierno valenciano»
Prueba de esta política del Consell es que del total de viviendas adjudicadas en la provincia de Castellón, ocho fueron cedidas a familias que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y otras seis a personas víctimas de violencia de género. Un hecho que, según ha explicado la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE), Helena Beunza, «demuestra que las políticas sociales para atender a los colectivos con más carencias por razones sociales y políticas constituyen uno de las principales acciones del Consell».
Trabajo coordinado
La directora general de La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana ha subrayado, además, la importancia que «el trabajo coordinado entre la administración autonómica y la local para lograr un hogar digno para las familias es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas para que se pueda dar respuesta a las personas que necesitan de una solución habitacional y que se encuentran en situaciones de
