menzado a devolver la plusvalía a aquellos propietarios que la pagaron en 2017 sin haberse producido un incremento del valor de sus terrenos. La primera reposición a un particular de un inmueble situado en la calle Pintor Castell ha supuesto un desembolso para las arcas municipales de 1.200 euros.
El reembolso ha sido por sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital de La Plana, amparándose en el fallo del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, cuando extendió a todo el territorio la decisión que había adoptado previamente para Gipuzkoa (en febrero) en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Iivtnu), es decir, lo que se conoce coloquialmente como plusvalía.
El bipartito, compuesto por el PSPV-PSOE y Compromís, prevé que las devoluciones de plusvalías se sucederán de manera regular a lo largo de las próximas semanas, e incluso meses. Sin embargo, desconoce cuántos ciudadanos obtendrán el beneficio, ni tampoco el importe total que representará para el consistorio el reintegro del impuesto indebidamente cobrado durante el pasado año.
La sentencia del Tribunal Constitucional viene a decir que los contribuyentes no deberán abonar el tributo de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. Tampoco tendrán que pagar en el caso de herencias «si no se demuestra que se ha producido un incremento en el valor», precisa la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Verònica Ruiz.
Previsión presupuestaria
Por lo tanto, el equipo de gobierno ya ha contemplado que una partida de los presupuestos de 2018 se destinará única y exclusivamente a la devolución de este tipo de impuesto relacionado con el valor de los terrenos de naturaleza urbana.
En este línea, también habrá otro capítulo concreto para cumplir las sentencias judiciales por las expropiaciones para el encauzamiento del Barranco de Fraga.
De hecho, la propio Ruiz anunció en noviembre del pasado año que el pago a los diferentes propietarios condicionaría las cuentas de 2018. Así, en octubre la Junta de Gobierno Local aprobaba el primer dictamen condenatorio para el consistorio por un importe de 100.000 euros (cinco veces más de lo desembolsado en su momento).
Semanas después, en la comisión de Estudio del Área de Derechos y Servicios, volvían a pasar otros seis expedientes desfavorables para el ayuntamiento -más de 166.000 euros en pagos- como un anticipo de lo que vendría después con resoluciones condenatorias que se seguirán abonando a lo largo de este año.
