Un empresario que gestionaba una mercantil de administración de fincas se enfrenta a una petición de pena de 4 años de cárcel por un delito de apropiación indebida continuada del dinero de una comunidad de vecinos de una urbanización de Orpesa que gestionó entre 2007 y 2012.
El ministerio público considera probado tras la vista oral celebrada ayer en la Audiencia de Castelló que el acusado hizo uso indebido de los fondos de la comunidad. En concreto, según declararon diversos testigos en la vista, el acusado, P.Recio, presentaba una contabilidad a los propietarios con justificantes de pago y cuentas equilibradas que no se reflejaba con la realidad, dado que el dinero no llegaba a las empresas.
La comunidad no advirtió las irregularidades hasta que en 2012 una de las empresas, ante la imposibilidad de cobrar la deuda con el administrador de la finca, envió una carta a todos los propietarios explicando la situación y justificando la deuda.
Era el verano de 2012 y hasta esa fecha la presidencia de la comunidad de vecinos, que testificó en la causa, indicó que las cuentas se aprobaron por unanimidad y que nunca se revisó la contabilidad que presentaba, hasta que llegó un recibo impagado de un seguro.
Sin embargo, advertida la deuda, la comunidad cambió de junta directiva y los dos presidentes siguientes constataron las irregularidades y las deudas. La actual presidencia declaró que el señor Recio sacaba casi todo el dinero de la cuenta de la comunidad a principios del trimestre, días en los que los propietarios ingresaban la cuota. Posteriormente, realizaba cargos, que eran devueltos a los pocos días.
Las diferentes empresas constataron que no se habían pagado anualidades y facturas y que los pagarés emitidos por la empresa del administrador de fincas eran devueltos sin cobrar. Por ejemplo, la empresa de mantenimiento de ascensores constató que no se habían abonado las facturas de 2010, 2011 y parte de 2012.
El señor Recio justificó que parte del dinero se correspondía a una comisión del 5% que había acordado con esa empresa de mantenimiento, dado que aseguraba el cobro de numerosas comunidades. Así mismo, indicó llegó a pagar algunos recibos con dinero propio y después lo retrayó de la cuenta comunitaria.
La defensa indicó que «tal vez sea poco riguroso como administrador» y seguró que podría haber un incumplimiento contractual, pero que descartó la instancia a la vía penal y pidió la absolución.
