Los extrabajadores de la Piscina Provincial denuncian que la Diputación de Castelló les ha dado la espalda. A prácticamente un mes de cumplirse el año desde que Aiguagest SL presentara la documentación para el preconcurso de acreedores -ocurrió el 27 de marzo de 2017-, los exempleados de la instalación deportiva aseguran sentirse completamente desprotegidos ante lo que les puede deparar el futuro respecto a sus puestos de trabajo.
Según advierte el delegado de Comisiones Obreras (CCOO), Jesús Fuentes, nadie de la diputación, especialmente el titular de Deportes, Luis Martínez, atiende a sus demandas desde hace semanas. La fluidez en la comunicación que caracterizaba la relación entre ambas partes antes de Navidad ha desaparecido. Por ello, afirma que tanto él como sus compañeros están «bastante molestos y decepcionados con la actitud» de la institución que preside Javier Moliner. «Nos han dado la espalda», reitera.
Quizás tenga algo que ver en ello el hecho de que, como consecuencia de la denuncia interpuesta por los exempleados contra Aiguagest para reclamar sus indemnizaciones, la propia diputación podría verse forzada a asumir el pago de esas liquidaciones como responsable civil subsidiaria. Si no vuelve a producirse un nuevo aplazamiento (la vista del 12 de diciembre no se celebró), el juicio está previsto para el próximo 28 de febrero. En este punto, el propio Fuentes recuerda que «los grandes perjudicados de que la Piscina Provincial continúe cerrada son los usuarios y los propios trabajadores».
Paralelamente al proceso judicial, el Grupo Impala sigue trabajando para reabrir cuanto antes la piscina, que permanece cerrada desde el 1 de agosto de 2017.
Al respecto, cabe recordar que a raíz de la decisión de la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló, aceptando las medidas cautelares pedidas por la diputación, propietaria del complejo deportivo, se activó el contrato de gestión que se dejó en suspenso a principios de septiembre.
Así, su duración alcanza los cuatro meses con un coste aproximado de 250.000 euros. Entre las tareas de gestión destacan la coordinación de la instalación, control de accesos y recepción, socorrismo en las zonas acuáticas, gestión y ejecución de las actividades deportivas (gimnasio, abonados y no abonados) y la limpieza, desinfección y mantenimiento del centro y del equipamiento.
El Grupo Impala también está obligado a subrogar al conjunto de los 34 trabajadores que tenía Aiguagest en el momento de abandonar las instalaciones y con los que contrajo deudas por no abonar las últimas nóminas antes del cierre. No obstante, los exempleados tendrán la potestad de decidir si aceptan o no la subrogación. Dicho de otra forma, si vuelven a sus puestos de trabajo en la Piscina Provincial. Algunos de ellos han encontrado ocupación en otras empresas o en firmas de sectores económicos diferentes, pero muchos permanecen en el paro.
