La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, recalca «la voluntad del Gobierno municipal de activar todos los mecanismos administrativos que refuercen los controles y las alertas para evitar la corrupción que tanto daño ha causado a otras instituciones, pero, sobre todo, a la credibilidad de lo público y a la democracia, en general». Las declaraciones de Marco se producen a raíz del acuerdo plenario para la creación de una oficina antifraude que vele aún más por la integridad de la acción de gobierno municipal.
«Las administraciones públicas afrontan a diario grandes retos para mejorar el bienestar de la ciudadanía y lo deben hacer con la más absoluta transparencia. El Ayuntamiento de Castelló está abierto de arriba abajo para que cualquiera sepa en qué se gasta hasta el último céntimo de euro", destaca la alcaldesa, «porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de vida de las personas con todos los recursos económicos disponibles», agrega.
Marco lamenta el impacto negativo que la corrupción ha tenido en la política y en las instituciones de Castelló y de la Comunitat Valenciana. «Hemos vivido tiempos en los que los representantes de la ciudadanía robaban y despilfarraban el dinero de los impuestos para su enriquecimiento personal o para financiar de forma ilegal a su partido político», añade. «Lo bueno es que los corruptos están ahora sentados en el banquillo y la Justicia les impondrá las penas que se merecen», afirma, en relación al caso Gürtel.
A su modo de ver, el Gobierno municipal de Castelló lleva dos años y medio «poniendo orden en la economía del ayuntamiento» y, de forma paralela, «trabajando para cambiar la reputación de la ciudad, porque es intolerable que hasta hace bien poco sólo se relacionase a Castelló con las corruptelas de los políticos de la derecha y con el derroche y el malgasto». «Los que roban o despilfarran están corrompiendo el sistema y están quitándonos el dinero destinado a construir colegios, centros de salud y pagar las pensiones a nuestros mayores», reitera.
Marco anima a las ciudadanas y ciudadanos a que «sean críticos con las decisiones de las instituciones que manejan fondos públicos». «La defensa de lo público es una responsabilidad individual, de cada uno de nosotros y de nosotras, pero también lo es de la sociedad civil en su conjunto», resalta la alcaldesa.
«La ciudadanía está exigiéndonos una nueva forma de hacer política basada en la ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Debemos ser sensibles y respetuosos con esa exigencia y establecer los mecanismos necesarios en las instituciones para que no haya ni una sombra de sospecha sobre las personas que gestionan el dinero público», remarca la primera edil.
