02 de marzo de 2018
02.03.2018
Diputación de Castelló

CesM dice que el cierre de la Piscina Provincial solo ha beneficiado a empresas privadas

El diputado provincial de la formación morada denuncia la ineficacia del PP para reabrir la instalación pública

02.03.2018 | 11:49

Se han cumplido 7 meses desde el cierre de la Piscina Provincial de Castelló, las instalaciones continúan cerradas y la plantilla, en el paro. Ayer se celebró el juicio de los trabajadores contra la antigua concesionaria, Aiguagest SL, ampliada también a la diputación, para pedir la nulidad de su despido y que la corporación provincial se haga cargo de su situación laboral hasta que se produzca su reincorporación.

«Han pasado 7 meses de su cierre y la Piscina continúa sin agua y la plantilla, en el paro. Moliner nos decía hace 7 meses que optaban por sacar una concesión de servicios porque permitiría agilizar la reapertura de la Piscina. Han pasado 7 meses, y continúa cerrada. Esa es la eficiencia de su gestión, nos preguntamos qué ha hecho en estos 7 meses por la plantilla», declara Iñaki Vallejo, diputado provincial de Castelló en Moviment.

Desde el cierre de la Piscina, la diputación aprobó un nuevo concurso para abrir un nuevo contrato de servicios; concurso que se paralizó por la denuncia de la antigua concesionaria; la gestión se judicializó y sólo hace unas semanas la diputación pudo recuperar las llaves e inició las tareas de mantenimiento. A día de hoy, las tareas de mantenimiento continúan, pero la plantilla continua en el paro.

«Moliner nos decía cuando proponíamos la gestión pública de la Piscina que el PP optaba, con su mayoría absoluta, por continuar con la privatización para garantizar los derechos de los trabajadores. Pues bien, ni se han garantizado los derechos –llevan 7 meses en el paro–, ni se ha recuperado el servicio rápidamente para los usuarios.

Solamente se han visto beneficiadas por su cierre la Piscina privada del Grupo Suma Fitness, vinculada a la familia Roig –que abrió justo al cierre de la Provincia–, la empresa de mantenimiento y la nueva concesionaria, que verá blindadas sus pérdidas con dinero público. Está claro al servicio de quién está la diputación», añade Vallejo.

En la mencionada demanda, los extrabajadores (en total 36 operarios) solicitaron al tribunal que declare nulos los despedidos por defecto de forma, entre otras cosas, porque la mercantil incumplió todos los trámites legales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Los extrabajadores también pidieron que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Diputación de Castelló, como propietaria de las instalaciones.

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