El Ayuntamiento de Navajas se personará en la causa por la que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está investigando si durante 2013 y 2014 hubo en el consistorio navajero un posible descubierto producido en la gestión económico financiera de la corporación, con el gobierno del ex alcalde popular, José Vicente Torres.
Así lo confirmó ayer la concejala de Hacienda, María Domínguez, quien ratificó que, en los próximos días van a personarse en la causa «con el fin de que continúe el procedimiento y se investigue hasta el final».
Hasta la fecha, el consistorio no aparecía personado como tal ya que el procedimiento se habría abierto a consecuencia del informe que el Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana realizó después de auditar las cuentas de 2013 del ayuntamiento.
Sin embargo, ayer el Boletín Oficial del Estado, (BOE), recogía un edicto con la finalidad de que las partes puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días, mostrando su mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable.
El informe, emitido por la Sindicatura de Cuentas en noviembre de 2015 tras llevar a cabo una auditoría de las cuentas de 2013, ponía de manifiesto irregularidades a la hora de gestionar las subvenciones de las entidades provinciales, falta de documentación administrativa, falta de informes para gestionar contrataciones de obras y confirma un certificado en el que el propio secretario municipal admite haber redactado «documentos con información falsa para recibir las subvenciones de la Diputación de Castelló».
La edil de Alternativa por Navajas apuntó que, en su día el Tribunal de Cuentas «habría emitido ya una primera valoración de este informe y había dado trámite de alegaciones al ayuntamiento, que ya manifestó en las mismas su voluntad de que continúe el procedimiento hasta el total esclarecimiento de los hechos», aportando además mayor información para demostrar posibles alcances. Ahora, el ayuntamiento se personará también en la causa como acusación.
Cabe destacar que, desde 2015, el nuevo equipo de gobierno de Alternativa por Navajas está sacando a la luz las supuestas irregularidades que, durante los 20 años de gobierno del popular Torres, se habrían llevado a cabo en el consistorio navajero, declarado prácticamente en quiebra económica.
Por este motivo, en la actualidad el Tribunal de Cuentas tiene abiertos, en este momento, varios procedimientos con exigencias de responsabilidades al anterior alcalde, José Vicente Torres (al que se le ha exigido la devolución de cantidades percibidas de forma indebida, habiéndose llegado a dictar embargo contra sus bienes); al anterior secretario, Antonio Paredes y a proveedores del Ayuntamiento de Navajas.
Irregularidades
Como adelantó en su día Levante de Castelló, en su informe, la Sindicatura destacó en la mayoría de capítulos la inexistencia documentos con los que trabajar como los libros de la contabilidad municipal de 2013, ni la cuenta general, «lo que ha supuesto una limitación total a la auditoría de los aspectos financieros y, en especial, de la revisión del resultado presupuestario y del remanente de tesorería».
Además, notificaba «la falta de rendición de cuentas y de la documentación requerida supone que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados por el Ayuntamiento de Navajas».
Por otro lado, la Sindicatura resaltaba que la fiscalización realizada pone de manifiesto «la inexistencia de un control interno adecuado» y «no consta que durante el ejercicio 2013 el Secretario-interventor haya realizado todas las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia» como la total carencia de los registros contables que ha supuesto «no poder analizar la gestión y contabilización de los anticipos de caja fija y de los cobros y pagos pendientes de aplicación».
Asimismo, organismo fiscalizador alertaba que los seis expedientes de obras realizados en 2013-2014 cuentan con incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de contratación y destaca que «el órgano de contratación del ayuntamiento (el alcalde o, en su caso, la Junta de Gobierno) no ha cumplido con las obligaciones legales de información contractual».
En este sentido, matizaba el escrito que el ayuntamiento certificó en 2013 y 2014 seis contratos (no menores) por un total de 444.485 euros, todos adjudicados «por procedimiento negociado sin publicidad». En el informe constaba, entre otras cuestiones, falta de expedientes de propuestas de adjudicación, falta de informes, modificaciones presupuestarias no acreditadas, pagos injustificados superiores a lo acordado en los contratos de obras y falseamiento documental para recibir subvenciones.
