La Conselleria de Sanitat sigue sin modificar el procedimiento de la cobertura temporal de plazas del personal para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Pese a que lo anunció en junio del año pasado, lo cierto es que, casi diez meses después, la cosa sigue igual. Sigue igual para la administración, para las personas con discapacidad que no pueden acceder a estas plazas, la cosa va peor. Además, ahora consideran, r

No obstante, este no es el caso de un joven de Castelló de 31 años al que le han reconocido una discapacidad del 33 por ciento que lleva diez años inscrito en la bolsa de trabajo de celador, dependiente de la Conselleria de Sanitat, «y nunca le han llamado para trabajar», asegura su madre. El joven es técnico en emergencias sanitarias y ha trabajado como técnico en transporte sanitario. Desde que fue despedido no ha vuelto a trabajar y pasa los días enteros en casa sin apenas tener contacto con el mundo exterior, con todo lo que ello implica para una persona con discapacidad y el riesgo de caer en la exclusión social. Su madre puso la primera reclamación en el 2014 y consiguió que hasta el Síndic de Greuges le diera la razón e instara a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que «adopte las medidas necesarias que permitan hacer efectivo el derecho de las personas con diversidad funcional a integrarse en la administración sanitaria valenciana». «En este sentido, le sugiero que, a la mayor brevedad posible, ponga en funcionamiento la bolsa de trabajo que permita la contratación temporal de personas con diversidad funcional», se recoge en el escrito del Síndic de Greuges.

Con todo, desde Sanidad apuntan que la Mesa Sectorial «está en marcha, con las sucesivas mesas técnicas».

A diferencia de la Comunitat Valenciana, otras autonomías como el Principado de Asturias ya han tomado cartas en el asunto y han procedido a modificar el pacto de contratación del personal temporal del Servicio de Salud. Fue el pasado mes de febrero cuando se publicó el nuevo reglamento en el que se hace una reserva de nombramiento para personas con discapacidad de un 7 por ciento para quienes tengan una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, que sería el caso de este castellonense.