El mundo de la fiesta vuelve a estar convulso tras la decisión del Consell Rector del Patronat de Festes de Castelló de abrir un expediente disciplinario a Juanvi Bellido, presidente de la Junta de Festes, por una presunta mala gestión marcada por desplantes a cargos públicos, un incidente con el cónsul de Rumanía, ausencias injustificadas a actos de la Magdalena o la venta de lotería sin tener capacidad jurídica. A este listado se podrían incorporar al expediente otros temas por analizar, como la presunta utilización de un vehículo oficial -cedido a la Junta de Festes para la Magdalena- en un viaje privado a las fallas de Sagunt el pasado lunes.

La reunión del Consell Rector, celebrada ayer en el ayuntamiento, comenzó salpicada por la ausencia de tres de sus doce miembros: Xavi del Señor (Castelló en Moviment), de baja por paternidad; Pilar Escuder, vinculada a las Festes de Carrer, y Andrés Bort, vocal del entorno de la gaiatas. Así, fueron nueve los integrantes del Consell Rector, al que asistió el propio Juanvi Bellido, que optó por oír y callar dentro de la sala, aunque fuera ya avanzó que tiene previsto presentar una querella contra el equipo de gobierno por presuntas injurias.

Tras la lectura del informe de la presidenta del Patronato y concejala de Fiestas, Sara Usó -publicado estos días por este diario- finalmente se procedió a la votación, que dio como resultado cinco votos a favor de iniciar el expediente disciplinario, tres en contra y una abstención. Los votos positivos partieron de la mano de los representantes socialistas -Sara Usó y Javier Peris-, los de Compromís -Verònica Ruiz y Josep Mª Ripollés- y el José Juan Sidro, vinculado al sector de las collas, pero en ningún caso representante de la Federació de Colles. Los votos negativos llegaron de los ediles del Partido Popular María España y Carlos Feliu, así como del concejal de Ciudadanos, Manuel Paduraru. La abstención correspondió a Luis Oria, de la Germandat dels Cavallers, aunque representando a los entes vinculados.

Tras su conclusión Sara Usó, sin entrar a valorar más detalles, aclaró que «el Consell Rector lo que ha hecho es aprobar la incoación del expediente», lo que supone ahora «iniciar un proceso que será trasparente para investigar, analizar y aclarar la veracidad o no de los hechos y garantizando y respetando al máximo los derechos de todos los afectados».

Vicente Montolío, gerente del Patronato Municipal de Festes, será el encargado de instruirlo, para lo que ya tiene previsto mantener el lunes que viene una reunión con la secretaria general del pleno y, entre ambos, definir la estructura de las diligencias y comparecencias a realizar. Diversas fuentes consultadas insisten en que el objetivo es agilizar al máximo el procedimiento para que no se dilate en el tiempo, por lo que esperan tener una conclusión definitiva antes de dos meses. Con ello, si hay finalmente argumentos en contra de Bellido, sería el propio Consell Rector el que tendría la capacidad de decidir, en principio antes del verano, el cese del presidente de la Junta de Festes. Éste, por su parte, sigue defendiendo que es la asamblea la competente, además de poner en duda la imparcialidad de Montolio por haber sido nombrado como gerente por la propia Sara Usó.

Críticas de PP y Ciudadanos

El Grupo Municipal Popular, por su parte, pidió desde el principio la retirada de la propuesta de apertura de expediente al considerar éste «un procedimiento contaminado y viciado de origen por las múltiples injerencias políticas por parte del bipartito en el Món de la Festa». Así mismo, ponen en dudas la competencia del Consell Rector para abrir este expediente, pese a que hay un informe jurídico que sí lo avala.

A juicio de los populares, además, estamos ante «un acoso permanente al presidente de la Junta de Festes desde 2016», pues «son constantes las presiones que sufre para que abandone el cargo para el que fue elegido democráticamente por la asamblea».

Por su parte, Manuel Paduraru, de Ciudadanos, considera que «el Consejo Rector no tiene competencia para expedientarle». Y por ello, sin entrar en el fondo del asunto, «hemos votado en contra de iniciar un procedimiento para el que entendemos no tenemos potestad», al destacar que «no se puede abrir un expediente disciplinario a una persona que no pertenece» al propio Consell Rector.