El obligado pago de resoluciones firmes de la junta de expropiación y algunas sentencias de la época de la burbuja inmobiliaria eleva el presupuesto de Vila-real por encima de los 50 millones de euros, la cifra más alta de unas cuentas municipales en la ciudad, para no tener que aminorar las partidas ya consolidadas. De esta manera, el préstamo aprobado en el pleno extraordinario del pasado miércoles de 4,9 millones, de los que 500.000 euros corresponden a la cuota de 2018 de la adquisición del Gran Casino, se suma a los casi 44 millones de ingresos corrientes que ha calculado el consistorio para este 2018, según indicó ayer en rueda de prensa la concejal de Hacienda, Sabina Escrig.

Así, el crédito modifica sustancialmente la cifra final del presupuesto pero deja margen al consistorio para distribuir los citados 44 millones de ingresos corrientes en similares términos a lo ocurrido en 2017. Es decir, que a pesar de tener que pagar 4,9 millones, el ayuntamiento va a disponer de un casi millón de euros más para afrontar los gastos de 2018, excluidas las resoluciones de la junta provincial de expropiación y la cuota del Gran Casino. Cabe apuntar que el margen de maniobra lo otorgan los dos años de carencia con los que se firma la operación de préstamo.

Con ello, tal y como indicó Escrig, «las cuentas de este año, una vez más, vendrán marcadas por la apuesta que ha hecho este equipo de gobierno desde el primer día por las personas, por generar oportunidades y por trabajar en alianza con nuestras asociaciones y entidades».

En cuanto a partidas concretas, se reduce casi en 600.000 euros la partida de gastos corrientes en bienes y servicios, con 19,6 millones para 2018 por 20,49 en 2017, mientras que se incrementa la partida de gastos de personal, que pasará de 16,66 a 17,87 millones de euros.

Según indicó la edil de Hacienda el incremento se debe a la incorporación del municipio a los planes de empleo que coordina la Generalitat a través del Servef y que «no sólo se mantienen, sino que se reforzarán, para seguir ofreciendo oportunidades a los jóvenes y luchando contra el paro con medidas efectivas que, ahora sí, podemos tomar gracias a un Gobierno valenciano que nos ayuda». Así mismo, el consistorio indicó que a los planes de empleo se suman programas específicos de contrataciones en áreas de especial relevancia, como personal para el área de urbanismo y para Servicios Sociales.

En lo relativo a los convenios y acuerdos con entidades y asociaciones municipales, la partida, denominada 'transferencias de capital', se incrementa desde los 2,62 millones de 2017 a los 3,2 millones que ayer anunció la responsable de Hacienda.

En cuanto a la amortización de deuda y gasto financiero el pago de préstamos supondrá en 2018 un total de 2.730.404 euros, que corresponden prácticamente al pago del préstamo de 20 millones de euros suscrito por el último gobierno del Partido Popular en verano de 2010. Una cifra que se incrementa en 0,7 millones.

El apartado de gastos previstos se completa con el 1,7 millones reservados para inversiones. «Debido a la situación económica y la hipoteca del urbanismo del PP, vamos a ser muy ajustados y sólo gastaremos en aquello que sea imprescindible, porque no vamos a permitir que esta herencia bloquee el futuro de nuestra ciudad», apuntó Escrig, quien mostró la intención del consistorio de mejorar el entorno urbano, con pequeñas operaciones de microurbanismo, asegurar la accesibilidad urbana y garantizar el mantenimiento del patrimonio como áreas clave de inversión en 2018.