El pleno municipal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó instó ayer a la Diputación de Castelló a cumplir con su compromiso de ampliar el centro social Maestro Rodrigo (La Vallense) en el local anexo de titularidad y propiedad municipal, ya que fue adquirido por el actual equipo de gobierno hace un año con una inversión de más de 325.000 euros.
El concejal de Servicios Sociales y primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, recordó que la Diputación de Castelló «no ha cumplido con su palabra, porque en 2015, antes de las elecciones municipales, digo que pagaría las obras de ampliación con una inversión de 500.000 euros».
«Lamentamos esta situación, porque desde el ayuntamiento hemos demostrado nuestro compromiso por mejorar las instalaciones y la vida de los mayores con la compra del local», lo que, tal y como ha afirmó Llorente, contrasta con «el nulo compromiso que tiene la Diputación, que se debe seguramente a su color político, cuando con el bienestar de las personas no se puede jugar de manera partidista como hace el PP».
Así, aseguró que «vamos a reclamar con urgencia que cumplan con lo que dijeron, porque Clavell aseguró a principios de mayo de 2015 que le había arrancado al presidente de la Diputación, Javier Moliner, el compromiso de pagar las obras». Aunque «tres años después siguen sin atender esta necesidad de nuestros mayores».
En este sentido, el edil resaltó que «cuando pedimos cita con Moliner para tratar esta cuestión tardaron seis meses en recibirnos para decirnos que el primer paso era comprar el local anexo, al que se accede por la calle Juan Capó». Y esta compra se materializó el año pasado, con la firma de un acuerdo con la Cooperativa Sant Vicent.
La Diputación de Castelló ha firmado convenios singulares con otros municipios durante esta legislatura, fuera del Plan 135 (antiguos planes de obras y servicios), demostrando «un compromiso extra que no tiene con la Vall d'Uixó», pese a que la concejala del PP Elena Vicente-Ruiz es también diputada provincial de Acción Social. Por ello la moción presentada por el equipo de gobierno recoge que «no queremos que los valleros y valleras sean menos que los vecinos de otros pueblos».
