Los jueces y fiscales de la Audiencia de Castelló secundaron ayer la protesta nacional en demandas de reformas de la judicatura y mejoras salariales y laborales. La protesta, una concentración a las puertas del palacio de justicia al filo de las 13 horas, fue una iniciativa de las Asociaciones Judiciales y de Fiscales de España.
En el caso de la capital de la Plana, a protesta se sumó la práctica totalidad de jueces y fiscales de este partido judicial, con el presidente de la Audiencia, José Manuel Marco, y el fiscal jefe, José Luis Cuesta a la cabeza. Y junto a ellos, el juez decano, el magistrado José Luis Conde Pumpido, quien fue el encargado de leer el manifiesto con sus reivindicaciones.
El documento, pactado el pasado día 5 de abril por las cuatro asociaciones nacionales de jueces y las tres en las que se integran los fiscales, incluye 14 demandas dirigidas a las Cortes Generales, el Gobierno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El primer bloque de las demandas hace referencia a la independencia del poder judicial. En esta apartado reclaman la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados asegurando la igualdad de género y la representatividad, y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.
En segundo bloque de las demandas está vinculado a medidas para la modernización de la justicia. Aquí, reclaman un plan de inversión suficiente y prolongado, la racionalización de la plana judicial, con la creación de órganos judiciales suficientes para atender el incremento de la litigiosidad, en la actualidad d 126 asuntos por cada 1000 habitantes.
En el apartado de la mejoras de las condiciones profesionales, los jueces y fiscales reclaman primero la convocatoria inmediata de la mesa de retribuciones con el fin de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar las retribuciones a la responsabilidad inherente a la función. Igualmente piden la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo..
Y, por último, en el apartado concreto del ministerio público, el documento pide la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.
