13 de abril de 2018
13.04.2018

Un nuevo pago de 1,1 millones por urbanismo del PP retrasa el presupuesto de Vila-real

El Supremo deniega un recurso al ayuntamiento, que ahora estudia si debe incluir el pago en los presupuestos de este año

13.04.2018 | 13:16
El alcalde de Vila-real, José Benlloch

El Tribunal Supremo denegó la semana pasada al Ayuntamiento de Vila-real la presentación de un recurso de casación sobre una sentencia urbanística, con lo que el equipo de gobierno se ha encontrado con la más que posible obligación de incluir una nueva partida de al menos 1.130.000 euros en el presupuesto de 2018 para hacer frente a este pago.

Así lo ha indicado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ante los medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que se ha disculpado por inclumpir el plazo anunciado de presentar las cuentas al pleno antes del 10 de abril.

Se trata de una sentencia relacionada a la construcción del colegio José Soriano y a la ocupación de los terrenos que llevó a cabo el consistorio. Benlloch ha relatado que después de que el PGOU de 1993 reservara una parcela de suelo dotacional para la construcción de un instituto en los terrenos del actual José Soriano, los sucesivos equipos de Gobierno del PP ni llegaron a acuerdos con el propietario ni expropiaron el terreno, con lo que esta parte denunció la situación ante los tribunales, que le dieron la razón ya en 2004. Más tarde, para construir el colegio en 2009, el anterior consistorio ocupó los terrenos y no compensó a los propietarios.

Con esta situación, cuando accedió a la alcaldía, el equipo de gobierno liderado por José Benlloch intentó negociar con los propietarios que tenían reconocido el derecho a cobrar por parte de los tribunales. Así, ha indicado el primer edil, unos propietarios aceptaron la negociación y pagos aplazados, pero éste en concreto no aceptó y se remitió a los tribunales. Esta circunstancia judicializó de nuevo el caso dado que las partes no llegaron a un acuerdo económico sobre las cantidades que debía pagar el consistorio.

El auto del Supremo conocido la pasada semana cerró el camino judicial, a la espera de un posible nuevo recurso al Tribunal Constitucional que todavía está en estudio. Ahora, los técnicos del Ayuntamiento de Vila-real estudian qué cantidad y en qué plazo se debe pagar a este propietario. Una circunstancia que se antoja complicada dado que la sentencia no especifica ni concreta desde qué fecha se deben aplicar los intereses de demora del derecho de cobro. En este punto, Benlloch indicó que el consistorio no niega el derecho al cobro, sino que discute las cantidades y que por eso volvió a judicializar el caso.

En cualquier caso, con los presupuestos casi cerrados y a la espera de unos flecos y de una negociación mínima con el socio de gobierno, Compromís, como manifestó Benlloch, el equipo de gobierno se encontró la pasada semana con la circunstancia de tener que detraer recursos de otras partidas para contemplar el posible pago de esta sentencia durante 2018. Un hecho que ha retrasado de nuevo la presentación de los presupuestos y que el alcalde espera resolver "en unas semanas", según ha indicado.

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