El Tribunal Supremo denegó la semana pasada al Ayuntamiento de Vila-real la presentación de un recurso de casación sobre una sentencia urbanística, con lo que el equipo de gobierno se ha encontrado con la más que posible obligación de incluir una nueva partida de al menos 1.130.000 euros en el presupuesto de 2018 para hacer frente a este pago.

Así lo indicó el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ante los medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que se disculpó por inclumpir el plazo anunciado de presentar las cuentas al pleno antes del 10 de abril.

Se trata de una sentencia relacionada a la construcción del colegio José Soriano y a la ocupación de los terrenos que llevó a cabo el consistorio. Benlloch ha relatado que después de que el PGOU de 1993 reservara una parcela de suelo dotacional para la construcción de un instituto en los terrenos del actual José Soriano, los sucesivos equipos de Gobierno del PP ni llegaron a acuerdos con el propietario ni expropiaron el terreno, con lo que esta parte denunció la situación ante los tribunales, que le dieron la razón ya en 2004. Más tarde, para construir el colegio en 2009, el anterior consistorio ocupó los terrenos y no compensó a los propietarios.

Con esta situación, cuando accedió a la alcaldía, el equipo de gobierno liderado por José Benlloch intentó negociar con los propietarios que tenían reconocido el derecho a cobrar por parte de los tribunales. Así, ha indicado el primer edil, unos propietarios aceptaron la negociación y pagos aplazados, pero éste en concreto no aceptó y se remitió a los tribunales. Esta circunstancia judicializó de nuevo el caso dado que las partes no llegaron a un acuerdo económico sobre las cantidades que debía pagar el consistorio.

«De los 7.000 metros marcados, 4.000 los cede la familia Soriano a través de un acuerdo y el resto se deben a tres familias distintas a las que se les ocupó su parcela, dos de ellas ya en los tribunales cuando llegamos al equipo de gobierno», manifestó el primer edil, quien indicó además que «con una llegamos a un acuerdo para pagarle 900.000 euros en cuatro años, ahorrando una importante cantidad, pero con este vecino es imposible, ya que tiene claro que quiere llegar hasta la última instancia, algo que comprendemos».

El auto del Supremo conocido la pasada semana cerró el camino judicial, a la espera de un posible nuevo recurso al Tribunal Constitucional que todavía está en estudio. Ahora, los técnicos del Ayuntamiento de Vila-real estudian qué cantidad y en qué plazo se debe pagar a este propietario. Una circunstancia que se antoja complicada dado que la sentencia no especifica ni concreta desde qué fecha se deben aplicar los intereses de demora del derecho de cobro.

En cualquier caso, con los presupuestos casi cerrados y a la espera de unos flecos y de una negociación mínima con el socio de gobierno, Compromís, como manifestó Benlloch, el equipo de gobierno se encontró la pasada semana con la circunstancia de tener que detraer recursos de otras partidas para contemplar el posible pago de esta sentencia durante 2018.

«Si no tenemos margen, tendremos que quitar más de un millón de euros destinados a otras cuestiones para hacer frente a esta resolución», apuntó el alcalde José Benlloch, al tiempo que lamentó que «me encantaría tener los presupuestos y poner en marcha multitud de proyectos de futuro que la ciudad necesita, pero dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a gestionar un pasado que no merecemos».