La vicepresidenta del Col·legi de Treball Social de Castelló y trabajadora social sanitaria en Atención Primaria, Marisa García, fue ayer la representante del COTS en las III Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Castelló.
García abordó el impacto sobre la población castellonense del decreto aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular y redujo las prestaciones para asumir el gasto farmacéutico. Un decreto ley del Consell de 2015 -suspendido en la actualidad por el Tribunal Constitucional- reconoció el derecho al acceso universal a la sanidad «pero siguen habiendo fugas que no somos capaces de atajar y que las entidades sociales están detectando», señaló García. Informó de los datos e incidencias sobre vulneraciones del derecho a la salud registrados por el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat. En Castelló se han registrado 38 incidencias sobre vulneraciones del derecho a la salud desde 2015, el 60% por dificultades en el pago de la medicación.
