La mitad de las familias que viven en el parque de viviendas públicas de la provincia de Castelló (unas 7.5000 casas) están en riesgo de pobreza, según recoge el informe del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. El documento, en lo que se refiere a la provincia de Castelló, también resalta el déficit de viviendas sociales para el mercado de alquiler de al menos 4.000 casas.
Así consta en un estudio del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana, que entregó el martes al president de les Corts Valencianes, Enric Morera, y que analiza los años 2005 al 2015 con datos de la Administración.
El informe revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en toda la Comunitat Valenciana que en el resto de España. Una pobreza directamente asociada a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de cubrir las necesidades fundamentales del hogar. El número de hogares sin ingresos alcanzó un máximo en 2013, con un total de 44.028 registrados por la ECV.
La proporción de hogares pobres en Alicante es superior a la media de la Comunitat Valenciana, situándose alrededor del 22% en todo el período; en Valencia, la proporción es inferior a esta cifra (16.5%), y en Castelló es la provincia en que la propensión a la pobreza se acelera súbitamente tras el impacto de la segunda oleada de la crisis económica y esto se refleja en el número de hogares pobres, que se elevan desde el 17% a casi el 30% en 2013.
Como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, una parte relevante de familias valencianas perdió su vivienda a través de desahucios, lanzamientos y/o dación en pago. Consecuentemente, la crisis ha provocado una variación en la fórmula de tenencia de los hogares valencianos, reduciendo los hogares en propiedad y aumentando los propietarios que pagan por su vivienda (rehipotecas o cambios de vivienda) y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado.
Las conclusiones del informe son demoledoras. El análisis refleja una cifra de 7.100 hogares que se encuentran (en 2015) en el límite de pobreza en vivienda y que, ante cualquier cambio negativo en las condiciones económicas, «podrían requerir de apoyo público de inmediato, frente a una disponibilidad de 3.500 viviendas». Las nuevas demandas de urgencia de vivienda se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.
Y es que para el Síndic existe la evidencia de un parque público de vivienda «insuficiente» para atender a la demanda de los colectivos más desfavorecidos.
