Todas las partes implicadas en la relación del ayuntamiento con el CD Castellón consiguen tras el acuerdo logrado ayer incorporar algunas de sus iniciativas, pero es la alcaldesa Amparo Marco la que ha logrado que se cumplan todas sus exigencias antes de sentarse a negociar el convenio de cesión de Castalia.
En este sentido, el Castellón deberá mostrar su plan de viabilidad en la comisión municipal que trabajará la propuesta de convenio para la cesión del estadio y que deberá reunirse en un plazo de 15 días. Un plan de futuro que la actual directiva ha ocultado tanto a la afición como a los responsables municipales desde que se hiciera con la mayoría accionarial del club diez meses atrás. La comisión también estudiará los informes técnicos elaborados por el consistorio y que describen las condiciones de seguridad en las que se encuentran las instalaciones deportivas.
A cambio, el Ayuntamiento de Castelló se compromete a invertir un millón de euros en Castalia en los dos próximos años «con el objetivo de acometer las mejoras necesarias, consensuadas con el Club Deportivo Castellón, y garantizar así la seguridad de los trabajadores, de la afición y de los jugadores». Es decir, que el consistorio invertirá un millón de euros en las reformas que necesita Castalia y que debe acometer porque es de propiedad municipal y reúne a casi 10.000 personas en cada partido, al menos esta temporada. Una iniciativa que adelantó Levante de Castelló y que es prudente acometer desde el equipo de gobierno al tratarse de un patrimonio municipal y que un informe describe con importantes deficiencias.
Con este acuerdo, el club consigue sentarse con el ayuntamiento e iniciar la negociación del convenio de Castalia, como deseaba. Pero la medida introducida por Castelló en Moviment sobre una cesión «estable, larga y duradera, con las garantías de control, si la ampliación de capital es abierta y democrática y por el capital suficiente para saldar las deudas del CD Castellón y garantizar su viabilidad» abre la posibilidad de proponer una cesión a corto plazo, de un año o de dos, como prefiere el actual equipo de gobierno.
La ampliación de capital planteada por la junta directiva podría descabalgar la exigencia de una cesión a largo plazo, ya que Castelló en Moviment la vincula a una ampliación «abierta y democrática». Al respecto, el concejal de Castelló en Moviment reconoció que llega tarde esta exigencia y que tal vez por eso la directiva haya buscado liquidez en un inversor.
Por su parte, el Partido Popular consigue que desde la alcaldía se les dé traslado del informe del estado de las instalaciones de Castalia, pero con el acuerdo logrado ayer pierde fuelle el desgaste político al que aspiraba toda la oposición con la moción inicial.
La portavoz del PP, Begoña Carrasco, se mostró satisfecha porque «el equipo de gobierno ha sido reactivo a una iniciativa de la oposición» y se congratuló eliminar la propuesta de un canon anual de 100.000 euros por la cesión. Un término que tiene todas las trazas de ser un globo sonda y que solo era una propuesta surgida un primer contacto informal.
Más allá, el portavoz socialista, Rafa Simó, indicó que el acuerdo persigue dos objetivos como son que el club sea viable y que se garantice la seguridad en Castalia, así como exigir garantías a los propietarios para que no sucedan otra vez los errores de anteriores directivas y que casi acaban con el club. Precisamente, las tres exigencias del equipo de gobierno y que refrendó el concejal de Deportes, Enric Porcar.
El portavoz de Ciudadanos, Manuel Paduraru se alegró por el acuerdo al tratarse de «un tema de ciudad», llamó a esquivar los intereses partidistas y apostó porque las decisiones tomadas en el marco de esa comisión sean transparentes.
Sin embargo, la alcaldesa se reservó el turno final de palabra y recordó de manera firme que «los convenios los firma la alcaldesa y les puedo asegurar que esta alcaldesa velará por el interés de la ciudad de Castelló».
Agrio debate sobre el urbanismo y la movilidad
El turno de mociones del despacho extraordinario supuso un agravamiento en las intervenciones de los portavoces, sobre todo en las referidas a la propuesta de construcción de un carril bici en el entorno de la Gran Vía y el barrio de San Lorenzo y San Andrés. La portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco, acusó al equipo de gobierno de «no escuchar a los vecinos» y de querer eliminar viales y accesos al barrio para construir un carril bici. Una intervención que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, tildó de «demagógica» y «cínica» y que, aseguró, estaba plagada de mentiras. Garcia acusó a Carrasco de «vivir en la polémica» y desmintió que el barrio quedaría aislado y con dificultades para que los vecinos accedieran a servicios sanitarios.
Por su parte, la concejal del PSPV Patricia Puerta matizó que las obras se realizan para dar continuidad a los carriles bici ya construidos y que esa zona de la Gran Vía presenta problemas de seguridad vial por el excesivo tráfico que soporta. Así mismo, Puerta detalló que el consistorio va a invertir los fondos de la estrategia europea EDUSI para integrar los barrios periféricos en la ciudad «tras años de abandono».
Urbanismo en la Marjaleria
Una moción del Partido Popular pedía impulsar mejoras en el entorno como un plan de asfaltado de caminos o una mejora en la iluminación vial. Pero derivó en un debate sobre las inversiones de los respectivos equipos de gobierno en la zona. 1,9 millones entre 2011 y 2015, y 3,9 entre 2015 y 2018, según apuntó el edil de Urbanismo, tras un agria contraargumentación con acusaciones cruzadas con el concejal del PP, Carlos Feliu de «abandonar» a los vecinos del entorno y de crear crispación entre los propios vecinos.
Así mismo, el pleno también debatió una propuesta sobre el acuerdo que instaba a la revisión de la reforma de la obra de Maestría, punto en el que el edil de Urbanismo, Rafa Simó, indicó que el consistorio ya ha encargado una auditoría sobre los cambios del proyecto modificado respecto al proyecto inicial, así como de la ejecución de la misma.
Reconocimiento de crédito
El pleno aprobó con el voto en contra de la oposición un total de 3,3 millones en facturas con reparos de la Intervención municipal al pertenecer a contratos ya extinguidos. El edil Toni Lorenzo reconoció la circunstancia y argumentó que se debe a un recurso sobre el contrato de parques y jardines, así como de servicios con cambio de suministrador.
