Los 36 extrabajadores de la piscina Provincial son moderadamente optimistas con la resolución del magistrado del Juzgado número 1 de lo Social de València. La semana próxima, entre el miércoles y viernes, el juez prevé emitir el fallo a propósito de la demanda contra Aiguagest SL por los despidos nulos.
«La razón nos ampara y esperamos que decrete lo que se conoce como un incidente de no readmisión o readmisión irregular para desvincularnos de la empresa», explica Jesús Fuentes, portavoz sindical de Comisiones Obreras (CC OO).
En este supuesto, los exempleados lograrían definitivamente la extinción laboral y una indemnización por la rescisión de 30 días por año trabajado, un finiquito que asumiría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Sin embargo, Aiguagest no lo quiere poner tan fácil. De hecho, en un intento «de perjudicarnos más», precisa Fuentes, en el juicio celebrado el pasado jueves en el citado juzgado número 1 de lo Social, el administrador concursal, Juan Carlos Ballesteros, defendió ante el magistrado la conveniencia de trasladar el proceso al juzgado de lo Mercantil de Castelló. «Ellos lo que buscan es que aceptemos el ERE, lo que supondría 20 días por año trabajado, y nosotros no lo contemplamos», subraya Fuentes.
Los extrabajadores se mantienen firmes a pesar de lo que el representante sindical califica como «mala fe» a cargo de Aiguagest. «El administrador concursal sabe que actuó mal al darnos de alta en la Seguridad Social. Parece increíble que haya dejado a 36 personas sin trabajo y sin poder cobrar el desempleo. Nuestra principal lucha era recuperar nuestros puestos de trabajo, pero llegados a este punto lo que queremos es romper la vinculación con la empresa para que se nos pague lo que nos corresponde», sostiene Fuentes.
La diputación
Mientras sigue abierto el conflicto, la mercantil se enfrenta a un nuevo litigio. La Diputación de Castelló está decidida a llegar hasta el final en su demanda por daños y perjuicios. Así, reclama a la empresa 451.895,58 euros. De esta cantidad, 374.056,49 euros corresponden a trabajos de reparación de la instalación deportiva (muro de contención, vaso interior o canalizaciones) y 77.840, 09 euros obedecen a la deuda de los cánones de las concesiones de los años 2016 y 2017.
Paralelamente, la institución que preside Javier Moliner ultima los trabajos de rehabilitación de la piscina Provincial para proceder a la reapertura lo antes posible. Aunque continúa sin haber una fecha, la diputación no descarta que la nueva adjudicataria, el Grupo Impala, recupere la actividad normal del complejo deportivo antes de que comience el tercer trimestre del año.
