Tras cuatro meses y tres paquetes de obligaciones de pago derivadas del urbanismo de la época de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Vila-real ha encontrado una ventana para poder presentar las cuentas de 2018 sin comprometer la regla de gasto ni los planes de estabilidad presupuestaria, según anunció ayer en rueda de prensa el alcalde, José Benlloch.

En este sentido, el equipo de gobierno ha conseguido dar salida a los tres paquetes de sentencias que suman 8,8 millones de euros. Por un lado, las entencias conocidas en diciembre de 2017 y que tienen un importe de 4,3 millones de euros se pagarán con el préstamo que aprobó el pleno por un periodo de 22 años y con dos de carencia, lo que no compromete la liquidez actual. Por otro, el consistorio presentará un recurso por el grueso de resoluciones del jurado de expropiación del 28 de marzo de 2018 y cuyo coste se fijó en 4,1 millones de euros. Los técnicos alegan que la cifra debe ser menor, de poco más de dos millones, y por eso se ha interpuesto un recurso de reposición.

Así mismo, en tercer lugar, el primer edil anunció que en el expediente de una parte de los terrenos del CEIP José Soriano podrían existir irregularidades y que por ello se ha declarado confidencial dicho expediente. En este punto, el equipo de gobierno está a la espera de que los técnicos municipales justifiquen ante la Intervención que la sentencia que obligaba al pago no se considera por el momento firme. Con ello, no tendría que incluirse su pago en los presupuestos al entender que podría variar el importe a pagar y permite liberar partidas que habrían estado destinadas a este pago.

En concreto, el proyecto de presupuestos anunciado ayer por el alcalde asciende a 46,4 millones de euros, un 1,5% más que el año pasado y que se palabras del propio primer edil se trata del «presupuesto posible, responsable y que no malgasta».

Benlloch adelantó que se han incrementado los ingresos respecto a 2017 en casi 1,2 millones de euros, provenientes principalmente de la revisión de más de 3.000 irregularidades detectadas en la actualización del catastro que llevó a cabo el ministerio de Hacienda, así como de una mayor actividad empresarial y constructora en la ciudad.

Respecto a las inversiones y los gastos que contempla el proyecto, el alcalde quiso destacar «el aumento de forma importante del capítulo uno, el dedicado a personal», según apuntó. El consistorio va a implementar diversos planes a tres años que supondrán la incorporación de 21 personas, a las que cabe sumar las contrataciones de los programas de empleo de la Generalitat y que son más de 200 personas.

El primero de estos planes está relacionado con la municipalización de diversos departamentos de los servicios sociales que lleva a cabo la conselleria de Igualdad de la Generalitat. Así mismo se crea la Oficina de Atención al Madrigal, que funcionará también como Oficina de Reindustrialización. También se crea un departamento de revisión de contratas, así como un plan de eficiencia en la recaudación de impagados.

En cuanto a los convenios con entidades municipales, el primer edil indicó que alcanzarán en 2018 los 3,4 millones de euros, mientras que se realizarán actuaciones en el patrimonio o se implementará un programa piloto de transporte público entre septiembre y diciembre.

Las previsiones apuntan que el pleno para aprobar las cuentas se podría celebrar el viernes 4 de mayo o a principios de la siguiente semana.