La aprobación por unanimidad del pleno municipal de una comisión de investigación para esclarecer el destino de más de 150.000 euros abonados por la empresa Huhtamaki ha sumado un nuevo caso a las sospechas sobre la gestión de los últimos años en el Ayuntamiento de Nules. Unas sospechas que todavía están pendientes de resolver, tanto para encarar la vía judicial como para, si es el caso, que sean archivadas.
En este último episodio, los hechos se remontan al año 2001, fecha en la que esta empresa abonó mediante un cheque del banco Santander 25.358.590 pesetas como aval para finalizar las obras pendientes de urbanización del conocido como Plan Parcial Polar 1. La obras no se han ejecutado 17 años después y el consistorio confirmó que el dinero aportado no consta en el Departamento de Intervención municipal ni como reservado ni como retenido para acometer las obras. Por ello, todos los partidos representados en el pleno han acordado iniciar una comisión de investigación. No obstante, Nules tiene hasta tres casos pendientes más.
Dinero negro en sobres
El primero de ellos está relacionado con los ingresos en dinero negro generados por la venta de chatarra realizada por la brigada municipal de obras y que no tenían ningún control, al menos desde 2012. El equipo de gobierno surgido de las elecciones municipales de 2015 encontró un sobre con 687 euros en el almacén municipal sin justificación ninguna. El edil de Urbanismo, Adrián Sorribes, denunció el caso a la Guardia Civil, que inició una investigación.
Tras las primeras indagaciones los agentes detuvieron al jefe de la brigada de obras y al anterior concejal de Obras, Manel Martínez, del Partido Popular. Ambos quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, que no obstante terminó denunciando los hechos ante el juzgado de Instrucción número 4 de Nules.
La magistrada tomó declaración a los responsables municipales y a los trabajadores en dos ocasiones y amplió la investigación a cuatro personas. El Ayuntamiento de Nules aportó un informe en el que se especificaba que el anterior alcalde, el ahora diputado provincial y concejal en Nules, Mario García, firmaba las entradas de dinero procedentes de estas ventas entre 2008 y 2012, pero que entre 2012 y 2015 no existe constancia de esas firmas. En la actualidad está pendiente o bien el archivo de la causa o la apertura de juicio oral, según indicó el propio edil Adrián Sorribes.
Mario García debe declarar
Otro de los casos por cerrar está relacionado con unas obras en el cementerio municipal. Una de las empresas que participaron en el proceso de selección de las obras denunció ante el juzgado que la adjudicación se había realizado con informes municipales en contra y que, además, no se habían solicitado los preceptivos informes de viabilidad a la Conselleria de Cultura, que debía dar el visto bueno dado que el conjunto está declarado como Bien de Interés Cultural.
En este caso estan citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 el anterior alcalde, Mario García, y el concejal de su equipo de gobierno, José Manuel Casaus. No obstante, la fecha se ha pospuesto en diversas ocasiones desde que fueron citados por primera vez el 23 de enero de 2017, según confirmó ayer el propio García.
Querella contra el consistorio
Derivado del caso anterior, el Ayuntamiento de Nules clausuró el Tanatorio Municipal tras constatar deficiencias en la tramitación de la licencia. De hecho, el consistorio pidió al Consell Jurídic Consultiu que emitiera un dictamen, el cual identificaba como causa de nulidad «el haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados».
En la actualidad la empresa gestora ha iniciado de nuevo el proceso de tramitación administrativa de la licencia pero al depender de permisos e inspecciones, entre otros de la Conselleria de Sanidad, la reapertura se ha demorado en el tiempo y todavía permanece cerrado.
En concreto, la causa nace a través de una querella en el juzgado que pide investigar la concesión de las obras de reforma y posterior gestión del tanatorio municipal al entender que no se ha realizado de forma legal. En concreto, el concejal Adrián Sorribes compareció en calidad de testigo la pasada semana ante el juzgado.
