Un hombre procesado por ocultar armas de guerra, entre ellas un fusil de asalto tipo Kalashnikov, en su domicilio particular en Vinaròs declaró ayer ante el tribunal que las armas no eran suyas, sino de otro inquilino que había en la vivienda, «un italiano», puntualizó.

Al término de la vista oral, celebrada en la sección 1ª de la Audiencia de Castelló, el el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y mantuvo la petición de 10 años de cárcel por un delito de depósito de armas de guerra y un año y seis meses por otro de falsedad.

El hallazgo de las armas de guerras se produjo el 29 de junio de 2017 como consecuencia del registro de la Guardia Civil, con la preceptiva autorización judicial, de la vivienda.

El acusado se negó a contestar a las preguntas del fiscal, aunque si respondió al interrogatorio de su abogado, pese al intento previo de rechazar su defensa alegando que los últimos meses hablaba con él «por falta de confianza». El procesado señaló que cuando llegó a la vivienda había otro inquilino, un ciudadano italiano, que era el titular del contrato del alquiler con la dueña de la casa.

El procesado indicó que a mediados de 2016 el ciudadano italiano dejó la casa y se fue a su país por motivo familiares. «Yo nunca entré en su habitación ni sabía qué había dentro», dijo. Y aseguró que no fue consciente de la presencia de las armas en la casa hasta el día del registro efectuado por la Guardia Civil.

La Guardia Civil halló en la casa del procesado, con antecedentes penales por tenencia ilícita de armas, las siguientes armas: un fusil automático de asalto del tipo Kalashnikov, catalogado como arma de guerra, dos pistolas semiautomática y varias decenas de cartuchos. En el registro, los agentes se incautaron, además, de un machete, dos un arcos de poleas, 58 flechas, un visor nocturno, cuatro walkies, un cañón cortado de escopeta y grilletes metálicos. Y, por último, un carné de conducir falsificado sobre el que el acusado había colocado su fotografía.

Los agentes que llevaron a cabo la operación señalaron al tribunal que iniciaron la investigación a raíz «de dos informaciones confidenciales» que les alertaron que el inquilino de la vivienda trataba de «dar salida» en el mercado al fusil automático.