La provincia de Castelló acumula 114 expedientes correspondientes a otros tantos proyectos industriales pendientes de la preceptiva Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el inicio de las obras. A ese dato, hay que sumar otros 253 expedientes de instalaciones de gestión de residuos también a la espera del visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente para su puesta en marcha. Esta bolsa de proyectos representa una cartera de inversión de unos 200 millones de euros, según fuentes oficiales.
Los proyectos que requieren la AAI son los emplazados sobre un terreno no calificado como industrial. De estos expedientes en tramite de la AAI, el grueso, 65, no requieren modificaciones substanciales y más de la mitad son anteriores a 2017. Mientras, 19 de los expedientes sí precisan modificaciones sustanciales, y el 21% se incoaron antes de de 2017.
Por lo que se refiere a los proyectos de instalaciones de gestión de residuos, pendientes de autorización al margen de los IPPC, su distribución es la siguiente: 180 expedientes de instalaciones de gestión de residuos no peligrosos; 53 de gestión de residuos peligrosos; y 20 de instalaciones de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Estos últimos expedientes y los relativos a la AAI son competencia de la dirección general de Cambio Climático.
Los expedientes pendientes de Autorización de Impacto Ambiental (AIA), competencia de la dirección general del Medio Natural, están de la siguiente manera. En el año 2009, se incoaron un total de 48 expedientes y están todos finalizados. En 2010, se iniciaron 31 expedientes y quedan por resolver dos relativos a actividades extractivas en los que se han realizado varios trámites de subsanación de documentación e incluso advertencia de caducidad. En 2011, se iniciaron 35, y queda pendiente uno de explotación minera. En 2012, fueron 21 y están todos resueltos. En 2013, se abrieron 28 y todos están resueltos.
En 2014, se incoaron 17 y están en trámite, 4 (tres relativos a actividades extractivas y una explotación ganadera de pavos). Una de las explotaciones mineras presenta problemas de terrenos incendiados, otra está en advertencia de caducidad y la explotación de pavos está pendiente de que el órganos sustantivo complete el expediente. En 2015, se abrieron 21 expedientes, y cuatro están en trámite (un explotación ganadera, una modificación en una fábrica cerámica, una explotación ganadera y una central hidroeléctrica).
En 2016, se incoaron 29 expedientes, y quedan 11 por resolver. Siete afectan a explotaciones ganaderas, una fábrica de plásticos, un aeródromo y una explotación minera. El resto corresponden a tres explotaciones ganaderas, una industria química y un explotación minera y se encuentran pendientes de resolución por parte del servicio de impacto ambiental. Y, por último, en 2017 se incoaron 38 expedientes, y quedan 30 en fase de tramitación.
