Justo cuando resta un año y una semana para los nuevos comicios municipales y autonómicos las dos formaciones políticas hegemónicas en la provincia de Castelló desde la recuperación de la Democracia, a saber PP y PSPV, han desatado las hostilidades y se han puesto de manera explícita en modo preelectoral.Los socialistas denuncian el «uso partidista» de la diputación por parte del PP para rebuscar en los cajones de los ayuntamientos en manos del PSPV, mediante una campaña solicitando facturas y contratos en esas corporaciones. Mientras, los conservadores rechazan «cualquier ilegalidad» en su iniciativa que tildan de «intachable» desde el punto de vista formal.

El diputado provincial del de PSPV Fernando Grande denunció ayer que el PP de Castelló, con su presidente y secretaria provincial, Miguel Barrachina y Elena Ruiz-Vicente, respectivamente, a la cabeza intentan minar los ayuntamientos gobernados por PSPV a través de una campaña de los grupos populares para recabar información sobre la gestión (contratos y facturas) de los consistorios socialistas.

El diputado Grande asegura, y así lo atestigua la documentación que adjunta en su denuncia, que el PP ha pedido a los portavoces de los distintos grupos municipales del PP que «remitan la documentación recabada al correo electrónico del Grupo Popular de la Diputación de Castelló». «De esta forma, el PP está utilizando la institución pública, que es de todos, con fines partidista», añadió el diputado socialista.

«El PP ha iniciado un a caza de brujas en los ayuntamientos gobernados por los socialistas», dijo más adelante el diputado provincial del PSPV.

Grande subrayó además que con esta iniciativa [la de remitir la documentación al Grupo Popular en la diputación] la institución provincial se está atribuyendo una función fiscalizadora que no le compete. «Para fiscalizar las cuentas de los Ayuntamientos, hay otras instituciones como la Sindicatura de Cuentas», dijo.

Grande señaló que el PP inició esta campaña hace un mes y que ya han presentado la petición en 33 de los 46 ayuntamientos gobernados por el PSPV. La petición de los populares, cursada en los registros municipales, incluye la petición de contratos y facturas con una treintena de empresas, entre ellas firmas más potentes de la provincia, como Lubasa o Facsa, desde que los socialista ocupan el gobierno en los diferentes consistorios,

Este primer rifirrafe preelectoral entre socialistas y populares se sitúa en eje de las batallas particulares que ambas formaciones se juegan en la cita electoral de mayo de 2019. A los socialista les motiva, por encima de todo, un fin: desalojar al PP del palacio provincial la Plaza de la Aulas, y para ello es básico mantener o ampliar el poder local recuperado en la capital de La Plana y la mayoría de las grandes ciudades de las dos comarcas más destacadas: la Plana Alta y la Plana Baixa. Mientras, los conservadores pelearán por revalidar por enésima vez el gobierno provincial y reconquistar las plazas locales cedidas en el convocatoria de mayo de 2015.

Y todo ello con el objetivo de recuperar el terreno electoral que sendas formaciones políticas pierden día a día, a tenor de las encuestas, en favor de los nuevos partidos, es decir Ciudadanos y Podemos.