El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, informaron ayer a la Junta de Portavoces de la revisión de la ponencia de valores catastrales remitida por el Gobierno central y de la decisión del equipo de gobierno de rechazarla, en base a los informes técnicos municipales, que detectan una grave dispersión de valores.
En concreto, la aplicación de la ponencia tal como la plantea la Dirección General del Catastro, supondría, para mantener los niveles de recaudación actuales, que la mitad de la población -los vecinos de los barrios y zonas más periféricas-, pagarían entre un 5 y un 50% más, mientras que la otra mitad pagaría entre un 5 y un 50% menos. «Esto, unido a que estamos inmersos en un proceso de revisión del plan general, hace del todo inaceptable esta nueva ponencia», señaló Escrig.
El pleno municipal aprobó en marzo de 2017 solicitar formalmente al Gobierno central la revisión de la ponencia para ajustar los valores a la realidad del mercado, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el documento remitido por la Dirección General del Catastro genera «importantes distorsiones» en función de la ubicación de las viviendas y «una aplicación injusta de la política impositiva». «Por este motivo, el equipo de gobierno seguirá el consejo de los técnicos, que han emitido un informe desfavorable. Este documento se remitirá a la Dirección General del Catastro para paralizar la aplicación de esta ponencia», agregó Escrig. Entre otros argumentos, el informe firmado por el arquitecto municipal destaca que Vila-real está en estos momentos reiniciando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
