El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado el visto bueno a ejecutar la sentencia que obligaba a derribar el edificio Bernat, cuyas licencias fueron anuladas por irregularidades urbanísticas, con una indemnización económica de 1,5 millones de euros y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Después de homologar en diciembre de 2014 el convenio económico que alcanzaron los vecinos denunciantes, los propietarios del bloque de apartamentos y el Ayuntamiento de Orpesa, el TSJCV ha validado ahora la modificación puntual del PGOU que el pleno aprobó en enero de 2018 para legalizar este edificio de 127 apartamentos. La concesión de una nueva licencia por parte del consistorio dará paso a la ejecución de las indemnizaciones.
Cabe apuntar que después de tres años de negociaciones el consistorio alcanzó en julio de 2013 un acuerdo con los propietarios del edificio Bernat y los vecinos de la urbanización colindante Los Rosales, que denunciaron la concesión de las licencias de este inmueble ubicado en el paseo de Morro de Gos para evitar el derribo.
Las tres partes acordaron dar por ejecutada la sentencia de demolición con una indemnización de 1,5 millones de euros a favor de los denunciantes. Las licencias del Bernat fueron concedidas en 1986 y anuladas en 1994 por irregularidades urbanísticas. El TSJCV dictó sentencia de derribo en 2009, que se hizo firme en 2011.
Tras ratificar en diciembre de 2014 el convenio económico, el TSJCV ha homologado ahora la modificación puntual de PGOU para legalizar el edificio. Estos eran los dos requisitos que el tribunal valenciano debía validar para evitar el derribo del inmueble.
Una vez ratificados estos puntos, el consistorio deberá otorgar una nueva licencia al edificio antes de ejecutar el acuerdo económico para indemnizar a los vecinos demandantes. Así, el pleno acordó ayer por unanimidad destinar 1,5 millones de euros para hacer frente al convenio suscrito por las tres partes y que pretendía homologar la sentencia sin llegar a la demolición.
«Es la solución menos lesiva para todos», explicó el concejal de Urbanismo Tomás Fabregat, que añadió que las valoraciones periciales dictaron que el precio del cumplimiento de la sentencia alcanzaría los 4,8 millones de euros, a los que habría que añadir nuevas demandas judiciales y el daño causado a propietarios y consistorio, entre otros.
Por su parte, el alcalde Rafael Albert explicó que el acuerdo económico se pagará cuando lo determine el TSJCV, ya que el convenio alcanzado en julio de 2013 se ha quedado «obsoleto», por lo que la sala deberá especificar de nuevo cuándo y en cuantos plazos se ha de ejecutar la indemnización.
Compromís presentó una enmienda para incoar un expediente de responsabilidades al promotor, arquitecto y concejales que otorgaron la licencia en 1986. El Partido Popular pidió que el expediente se empiece a dirimir en el momento en que la indemnización sea efectiva y no tras la modificación presupuestaria ayer aprobada. La enmienda, sin embargo, salió adelante. «Si no exigimos y acordamos que se pidan responsabilidades, no se van a pedir», recalcó Josep Lluís Romero. Los cinco grupos municipales aprobaron por unanimidad la modificación presupuestaria para hacer frente a la indemnización que evitará el derribo del edificio Bernat.
Tras el pleno, el exalcalde del Grupo Independiente de Orpesa, Francisco Garrido, solicitó la palabra para remarcar que la licencia del Bernat se dio por unanimidad por la corporación compuesta por los independientes, PSPV y Alianza Popular y que tenía un informe favorable con sello azul de cumplimiento urbanístico del colegio de abogados de Castelló.
