El PP define el Pacte de Grau como 3 años en blanco, de totalitarismo y crispación

Carrasco, acompañada por los ediles Vicent Sales y Carlos Feliu, se ha centrado sobre todo en criticar los anuncios de la alcaldesa, Amparo Marco, al tomar posesión del cargo en junio de 2015, promesas centradas en la transparencia y en ofrecer un ayuntamiento de cristal. A su juicio, la «opacidad» ha sido una constante porque «no publican los viajes en la web municipal ni se conocen ni los costes ni el impacto que han tenido en nuestra ciudad». Según la edil popular, «su opacidad nos he obligado a acudir ante el Síndic de Greuges, por negar información e incluso hemos tenido que acudir al contencioso-administrativo por este motivo. A ello se une que «la alcaldesa dijese que no usaría coches oficiales porque su transporte serían sus zapatos, y resulta que ha contratado más vehículos oficiales, y aseguró que se reducirían los gastos en asesores y hoy alcanzan los 765.000 euros el coste del personal de confianza, o el 1.210.000 euros el gasto en publicidad y autobombo». Eso sí, no supo aportar la comparativa con lo que se gastaba el PP cuando gestionaba los destinos del consistorio municipal.

Sobre los incumplimientos, relata que, de las 475 acciones incluidas en lo que los populares llaman con sarcasmo el Pacte del Frau, «apenas se ha ejecutado el 30 por ciento». Y de esas 167 propuestas que dicen PSPV, Compromís y Castelló en Moviment que se han puesto en marcha, Begoña Carrasco insiste en las «trampas» al incluir, a su juicio, actuaciones que no están ejecutadas, como la organización de mercados de barrio «cuando está cerrado el del Grau y está a punto de hacerlo el Mercado del Lunes».

Respecto a las relaciones municipales con los vecinos, el PP considera que se está poniendo trabas a la participación ciudadana con más burocracia para las asociaciones vecinales a la hora de pedir subvenciones. También se refiere Begoña Carrasco a los impuestos. «Prometieron bajarlos y la presión fiscal ha aumentado en 165 euros desde 2014, pasando a una media de 731,87 euros en 2017», comenta la edil popular, quien acusa además al gobierno local de sumar ya unas 1.286 facturas irregulares por valor de 18,6 millones de euros.

Respecto a las promesas «incumplidas», relata una larga lista, entre las que destacan la reforma del edificio de la plaza Borrull, la nueva residencia de mayores prometida por Mónica Oltra; el centro de salud del Raval Universitari, la rehabilitación del viejo asilo, el colegio Vicent Marçà, las viviendas sociales de San Lorenzo, la aprobación del PGOU, la ordenanza de solares, la de autocaravanas o el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo». A ello une la falta de desarrollo de los presupuestos participativos.

Enfrentamiento social

Uno de los aspectos en los que incide habitualmente el Partido Popular es en lo que consideran una elevada crispación social al acusar al Pacte del Grau de «dedicarse a crear polémicas estériles que han acabado enfrentando a los castellonenses». En este paquete incluyen «el veto al himno regional en el Día de la Comunidad dándole protagonismo a la Muixaranga y a la exhibición de esteladas; el querer quitar la Cruz del Ribalta o a aprobación, sin consenso ni consulta ciudadana, de la eliminación del bilingüismo en el topónimo».

Begoña Carrasco también alude al «elevado intervencionismo municipal», poniendo como ejemplo el cambio de bases de director de la banda municipal o el cese del presidente de la Junta de Festes, acusando a la concejala, Sara Usó, de asaltar la autonomía del mundo de la fiesta.

Finalmente, Carrasco, sobre su futuro político, da un paso al frente al mostrar su disposición a ser la candidata del PP a la alcaldía de Castelló en las elecciones municipales de mayo de 2019, aunque aclara que será «lo que decidan los militantes del partido».