Los diputados provinciales de Castelló tenían ayer prisa y, sobre todo, pocas ganas de llevarse la contraria. Así, la corporación provincial dio carpetazo al pleno ordinario correspondiente al mes de junio en un tiempo récord, apenas 60 minutos de duración, y sin ningún voto en contra, ni de la oposición a la iniciativas del gobierno, en manos del PP con mayoría absoluta, ni a la inversa.

La unanimidad fue la nota dominante en todas la votaciones de la sesión, y, por supuesto, en los dos puntos más relevantes, a saber, sendas declaraciones institucionales.

La primera versó sobre una demanda al Gobierno socialista para mejorar las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la provincia. El dictamen se sintetiza en siete puntos: Impulsar las obras del corredor ferroviario del Mediterráneo; no prorrogar la concesión de la autopista AP-7 tras el fin de la misma en 2019: ejecutar el plan de mejora de la calidad del servicio de trenes de cercanías en la Comunitat Valenciana 2017-2025 que garantice el aumento de frecuencias de cuatro a doce, entre Castelló y el Baixa Maestrat; llevar a cabo las obras de acceso ferroviario sur al puerto de Castelló; Continuar la ejecución de las obras en la N-332 y que éste sea el eje de la futura A-68 hasta Vinaròs; llevar a cabo la construcción de tres nuevos tramos de la A-7 que culminarán las obras de la C-10 entre Vilanoba d'Alcolea y La Jana; y, por último, la gratuidad de la AP-7 mientras se ejecutan las obras de refuerzo en el firme de la CV-10 a su paso por Borriol.

La segunda declaración que respaldó el pleno de manera unánime fue sobre la diversidad de género. La moción recoge: «Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día». Y Añade: «Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género [...], que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones».