La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado hoy que su papel en el proyecto del almacén de gas Castor se "concentró y resumió" en la firma de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que "nadie recurrió en su momento". "Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado pueda sustituir el criterio de tantos técnicos y administrativos", ha recalcado la ministra para insistir en que una vez tramitada la declaración, nadie la recurrió cuando "lo habitual es que se recurran de forma sistemática todas las declaraciones de impacto".

La ministra fue, durante su etapa como secretaria de Estado de Cambio Climático con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la encargada de firmar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto del almacén de gas Castor, y que posteriormente fue parado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras sufrir sucesivos seísmos.

Ribera ha explicado que cualquier proyecto complejo de estas características tiene una "tramitación enormemente extensa" en la que participan numerosos actores, entre más de 20 organismos diversos, comunidades y municipios, que entonces elaboraron una propuesta de resolución sin ninguna objeción.

La titular de la cartera ecológica, que en su primera respuesta en la Cámara, ha apelado a la "transparencia", ha señalado que en su momento, y a petición del ministro Nadal, la declaración fue avalada por los expertos de acuerdo al conocimiento científico disponible en aquel momento como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard.

Durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del grupo popular Teodoro García ha preguntado al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorable que Ribera firmó en relación al almacenamiento de gas Castor. Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas, y dejó una "bomba retardada" que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. "Castor nos ha costado lo mismo que diez líneas de AVE", ha denunciado el diputado Popular.

En septiembre de 2013 el anterior Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS -promotora del proyecto-, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.En este punto, la ministra ha manifestado que todavía hay muchas más cosas que comentar al respecto que quizá se puedan quedar para más adelante, pero ahora hay que "afrontar" qué hacer con dicha instalación.

García ha respondido que, tal y como dictan los cánones socialistas, los fracasos siempre son culpa de los técnicos."Cuando las cosas van mal y se toman malas decisiones en el Gobierno socialista, la culpa es de los técnicos" aunque lo que no sé es si la "transparencia que pide" lo va aplicar también a las decisiones que ha tomado usted.