El cambio del topónimo de la ciudad volverá hoy al debate plenario con la aprobación definitiva de la denominación oficial del municipio a su forma exclusiva valenciana -«Castelló»- y la apertura de su exposición al público para que los ciudadanos y entidades que lo consideren presenten reclamaciones.
La sesión ordinaria de junio, adelantada una semana por las fiestas de Sant Pere del Grau, volverá a escenificar las diferencias políticas en torno al topónimo, con los partidos socios del Pacte de Grau -PSPV, Compromís y Castelló en Moviment- firmes en su impulso y con PP y Ciudadanos críticos con la medida, pero en minoría en el ayuntamiento para frenarlo.
Una vez aprobado, en principio el expediente quedará expuesto por un plazo de 20 días hábiles para que se presenten alegaciones. Tras ello, tendrá que volver a pasar por pleno para aceptarlas o rechazarlas y será entonces cuando se remita todo el expediente a la Generalitat, que es la institución que tiene la última palabra para el cambio del topónimo. El plazo puede alargarse en el tiempo ya que deberán recabarse los informes finales de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, por lo que podría llevar a que el cambio definitivo del topónimo no se produzca hasta diciembre.
Desde los partidos integrados en el Pacte del Grau se defiende se está recuperando «el patrimonio cultural y la historia» de la ciudad, acusando a PP y Cs de «crispar y calumniar». Insisten en este sentido en que «es una anomalía administrativa», como así aseguran los expertos a los que se ha consultado. PP y Cs, por su parte, creen que «se está quitando un trozo de nuestra historia» y mantienen que «no se puede recuperar lo que nunca se ha perdido», en alusión a que no había problema en utilizar el topónimo Castelló junto al de Castellón.
Otros puntos
El pleno debatirá sobre otros aspectos, como el inicio del proceso para el hermanamiento con la ciudad japonesa de Ube o nuevos trámites para la rehabilitación integral del colegio Herrero dentro del plan Edificant.
Por su parte, el Partido Popular espera conseguir el respaldo del resto de grupos políticos para que se apruebe su propuesta de que en las ofertas de empleo público del ayuntamiento, y en el caso concreto de aquellas plazas que puedan ser más idóneas para ser ocupadas por personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, se contemple un cupo de reserva para estas personas superior al 2 % e incrementando el cupo de reserva legal del 7 %.
La portavoz popular, Begoña Carrasco, que ha mantenido reuniones con colectivos de Castelló que pueden verse beneficiados, como la que mantuvo recientemente con el vicepresidente de la Asociación de Familiares por los Derechos de las personas con Enfermedad Mental (Afdem), Juan Migallón y Vicente Savall, psicólogo de la misma asociación, señala que «la mejor política social es la creación de empleo».
