Las desaladoras de Orpesa y Moncofa continúan sin funcionar tras costar su construcción104 millones de euros. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero optó por su desarrollo para garantizar el suministro hídrico en los futuribles complejos residenciales que se proyectaron en Castelló en la época de crecimiento económico, pero las propuestas urbanísticas se quedaron sin ejecutar y las dos plantas adolecen ahora de demanda por el alto precio de su agua. La Asociación de Geógrafos de España incluye estas dotaciones de Castelló en su informe sobre el «despilfarro» público en el país en las dos últimas décadas.
Este estudio es una «aproximación a la dimensión del despilfarro de recursos públicos en infraestructuras en España desde 1995 hasta la actualidad en los distintos niveles de gobierno». Las actuaciones hídricas las divide en dos grupos; por sobrecostes e «ineficientes». En este último integra a las desaladoras de Moncofa y Orpesa.
El documento relata que ambas propuestas han tenido un coste de 104 millones (49, 1 en el caso de Moncofa y 55, 4 en el de Orpesa) y subraya que «están paradas por ausencia de demanda en las poblaciones teóricamente beneficiadas y por falta de culminación de las infraestructuras de conducción de agua desde las plantas hasta los depósitos de distribución de los municipios». Su ejecución, añaden los geógrafos, «se planteó en un momento álgido del 'boom' inmobiliario, con previsiones exageradas de nueva edificación y de aumento poblacional». «La realidad ha resultado muy distinta», incide.
Aunque tilda de desmedida la política de desaladoras, también califica de «afortunada la derogación del trasvase del Ebro».
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero impulsó las desalinizadoras en vez del trasvase del Ebro en base a unas proyecciones de crecimiento urbanístico que no se cumplieron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La desaladora de Orpesa prevé satisfacer el abastecimiento de Orpesa, Cabanes y Benicàssim, y la de Moncofa abarca esta localidad más Nules, la Vall d'Uixó y Xilxes. Estas infraestructuras son necesarias, sobre todo para el sur de Castelló, ya que padece un déficit hídrico que dificulta su crecimiento residencial e industrial, pero los agricultores estiman inviable el precio del agua y los ayuntamientos ven inasumibles el pago de los costes de amortización de las desaladoras. Los convenios entre Acuamed y municipios se firmaron en 2006 con unas condiciones en estos momentos irreales. La empresa estatal negocia nuevos acuerdos con los ayuntamientos. El Gobierno tiene hasta marzo de 2019 para poner en marcha las dos plantas. En caso contrario tendrá que devolver 35 millones a la Unión Europea.
Aeropuerto de Castelló
Otra obra que aparece en el análisis de la Asociación de Geógrafos es el aeropuerto de Castelló, que costó 220 millones de euros. En estos momentos opera con cuatro destinos.
