El nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, anunció ayer que el Ejecutivo ha abierto un expediente disciplinario a los dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Castelló imputados en el sumario por una falsificación de facturas en connivencia con empresarios locales. En el sumario, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital de La Plana, hay al menos 20 empresarios investigados. El monto del fraude podría rondar el millón de euros.
Tras el acto de toma de posesión oficial del cargo, Juan Carlos Fulgencio confirmó a los periodistas la apertura del esplendente disciplinario a los dos funcionarios imputados en las diligencias judiciales. «El expediente disciplinario ha supuesto la suspensión de empleo y sueldo, por la gravedad de los hechos», aseveró el flamante delegado del Gobierno, según informa la agencia Europa Press.
Fulgencio explicó que se ha puesto en marcha una investigación interna «desde el primer momento», paralela a la judicial. «Se queda a la espera de la decisión judicial, que será la que condicionará la resolución del Ministerio», añadió.
Si bien el delegado no ha concretado el número de personas investigadas, remarcó que se trata de una «investigación que nace en el seno de la Subdelegación» y que los «funcionarios, en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando detectan esta situación hacen comprobaciones y, cuando tienen la sospecha de que pudiera haber alguna irregularidad, lo trasladan primero a la Secretaria General de la delegación, que lo traslada al Ministerio». «A la vez, en paralelo, se da cuenta a la Fiscalía», detalló, antes de asegurar que «se ha actuado desde el primer momento con el rigor que procede». «Hay en este momento una investigación por parte del Juzgado y nuestra propia investigación, que está llevando a cabo la propia inspección financiera del Ministerio, desde el primer momento», clarificó.
Fiscal de delitos económicos
La diligencias policiales y judiciales para indagar el alcance y número de implicados en este caso se remonta a hace más de una década. Fuentes oficiales de la investigación judicial han asegurado que la instrucción del sumario se prolongará todavía en el tiempo dada la complejidad hay ramificaciones que presenta la trama de falsificación. Ante la prolijidad del caso, la Fiscalía de Castelló ha optado por reforzar la labor del acusador público del caso con otro fiscal del área de delitos económicos.
Uno de los aspectos más llamativo de la trama, igualmente objeto de la investigación de judicial, es el uso fraudulento de la tarjeta para el repostaje del coche oficial de la Subdelegación del Gobierno que recoge gastos, incluso durante períodos en los que el vehículo estaba estacionado al encontrarse el subdelegado en el extranjero de vacaciones.
La investigación también indaga otras serie de compras ficticias de diferente índole (electricidad, pintura, fontanería, papelería, droguería) mediante falsas facturas emitidas por los funcionarios imputados.
