El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules ha citado a declarar el 30 de octubre en calidad de investigada a la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, tras admitir a trámite una querella del Partido Popular de la localidad por un presunto delito de prevaricación, según informaron los populares en un comunicado.
Según el PP, la primera edil levantó un reparo del interventor en contra de los informes de los técnicos municipales, que advertían de que la contratación de las obras de reparación de aceras en el Grupo La Unión no siguieron los procedimientos legales vigentes.
Al respecto, explicaron que el 27 de diciembre de 2017, Tania Baños levantaba el reparo emitido por el interventor mediante el informe 0752/2017 y aprobaba el pago de la factura emitida por Contratas Hidráulicas, S. L., por un importe de 71.949,21 euros, correspondiente a las obras de renovación de aceras en la manzana 23 del Grupo La Unión.
En su informe, según el PP, el interventor municipal afirmaba que se había omitido el expediente de contratación aplicable a la ejecución de obras en reposición de aceras Grupo La Unión, al ser el importe total de 71.949,21 euros y «no poder considerarse contrato menor de obras del artículo 111 TRLCSP».
De esta forma, desde el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó «se obviaron los trámites de contratación al tratarse de una contratación de obras superior a un contrato menor», añadió el PP quien explicó que anteriormente Tania Baños pagó a la misma empresa otras dos facturas por medio del fraccionamiento «fraudulento», que fueron aprobadas en junta de gobierno, por importe de 5.820,67 euros y 6.278,88 euros.
Sin notificación a la alcaldesa
Desde el ayuntamiento emitieron un comunicado oficial en el que, en primer, lugar, informaron que ni el consistorio, «ni la alcaldesa en particular han recibido ninguna notificación del juzgado sobre los hechos que nombra el Partido Popular».
La jefa de Contratación del ayuntamiento suscribió un informe en el que afirmaba que fue un error administrativo, como se cita literalmente, «para la adjudicación de renovación de las obras de renovación de aceras en la Manzana 23 del Grupo La Unión, con un presupuesto de 59.432,158 ?, IVA excluido, se tramitó expediente de contrato menor, ya que, por error, la que suscribe consideró que el importe límite para la tramitación de estos contratos era inferior a 60.000?, IVA excluido, y no a 50.000 ?, IVA excluido, que era límite correcto».
El decreto de levantamiento de reparo firmado el 27 de diciembre de 2017 recogió que la omisión del expediente «se ha producido por un error administrativo» y ese error se detectó en el momento del pago de la factura, cuando las obras ya habían finalizado. «El interventor en cumplimiento con su labor de fiscalización advirtió de que el proceso no había sido el correcto debido al error anteriormente citado», comentaron desde el consistorio y añadieron que «visto que la empresa realizó las obras, se decidió abonar la factura al considerar que ninguna empresa que realiza su trabajo correctamente debe asumir el coste de un error administrativo reconocido por la propia funcionaria».
Por último, desde el ayuntamiento comentaron que estas acusaciones se suman a la campaña que el PPCV está utilizando como cortina de humo para tapar sus casos de corrupción.
