El fiscal pide ocho años de cárcel para un acusado de golpear a un hombre con una azada. El ministerio público acusa al procesado de un delito en grado de tentativa. La vista oral se celebrará el próximo día 5 de julio en la sección 2ª de la Audiencia de Castelló.
Según el escrito inicial de calificación del ministerio fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 12 horas del 9 de agosto de 2017. «El procesado acudió a la empresa en la que trabajaba V. M. S. L. provisto de una azada y accedió a la nave gritando 'dónde está el hijo de puta de V.' y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno, lanzó golpes contra algunos de los azulejos almacenados y contra la puerta», recoge el escrito del fiscal.
«A continuación y con ánimo de acabar con la vida de V. M. S. L., lo abordó en la oficina y le propinó un golpe con el filo de la azada entre la cabeza y el pecho, logrando este parar el golpe con los brazos, lanzando inmediatamente un segundo golpe hacia la misma zona y de la misma manera que éste no logró esquivar, impactándole el mismo en la parte baja de la cata haciendo que cayera al suelo, marchándose acto seguido del lugar», añade el fiscal.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en la región malar, mandibular y submandibular izquierdas. «Para su curación precisó tratamiento médico consistente en sutura quirúrgica (25 puntos en músculo y tejido celular subcutáneo y 32 puntos en piel). De las mismas, tardó en curar 30 días de los cuales 2 días fueron impeditivos para el desarrollo de su actividad habitual, quedando como secuelas un cicatriz curvilínea de 6 centímetros en la región malar izquierda, dos cicatrices de 4 y 3,5 centímetros superficiales en la región mandibular izquierda, que ocasionan perjuicio estético moderado valorado en 7 puntos. El perjudicado reclama indemnización por los daños ocasionados», explica.
Indemnización
El fiscal solicita una indemnización al agredido de 960 euros por las lesiones y 6.000 euros por la secuelas y 258 euros daños ocasionados en la empresa. Y también pide que se le imponga una orden de prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima por un período superior en cinco años a la pena de prisión.
