La zona de las tascas de Castelló lleva más de diez años inmersa en pleitos judiciales. Una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha puesto en cuestión la ordenanza municipal que permite el consumo de alcohol en el exterior de las tascas, una singularidad que cada fin de semana lleva al lugar a centenares de personas. La presión judicial y la ZAS han reducido el espacio a una calle en los últimos años y han trasladado oferta hostelera a calles adyacentes del centro como Campoamor.
La resolución del TSJ entiende que el artículo de la norma local que regula la ingesta en las tascas contraviene el objetivo que marca la declaración de Zona Acústicamente Saturada. El ayuntamiento y los hosteleros tienen ahora la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.
Se trata de un nuevo episodio judicial que se arrastra desde hace doce años. En 2006 nacía la asociación ciudadana de Castelló Sense Soroll con la idea de combatir la contaminación acústica generada en zonas de ocio. Su primer objetivo no era las tascas sino Lagasca y, de hecho, la mayoría de sus vecinos pertenecían a este vial y adyacentes. El ejecutivo de Alberto Fabra impulsó en 2008 un plan zonal contra el ruido que fue insuficiente. En 2010, declaró la ZAS en las tascas tras forzar Sense Soroll la realización de unas mediciones que constataron un exceso de ruido en el entorno. «Pensamos que el ayuntamiento declaró la ZAS en las tascas para que dejáramos estar Lagasca», rememora Pedro Monfort, expresidente de Sense Soroll.
Esta decisión suspendió la concesión de nuevas licencias de bares en las calles Barracas e Isaac Peral y limitó el horario de cierre. Pero Sense Soroll siguió pleiteando contra el consumo en la calle y presentó un contencioso argumentado que esta circunstancia incumplía la ley autonómica de drogodependencia de 2003. El TSJ dio la razón a la entidad en 2011. En respuesta, el gobierno local del PP modificó la ordenanza de convivencia e incluyó un artículo que posibilitaba la excepcionalidad de las tascas. Sin embargo, el TSJ volvió a enmendarle la Plana e invalidó la citada regularización.
El Supremo dio en 2014 oxígeno a los hosteleros y anuló la resolución del TSJ. Sense Soroll promocionó un segundo pleito esgrimiendo esta vez la ZAS. En 2015, la primera instancia judicial volvió a dar la razón a Sense Soroll y dejó sin efecto la citada ordenanza. El nuevo equipo de gobierno responsabilizó a los munícipes populares y subrayó que el origen del conflicto estaba en la licencia de un parking en la calle Isaac Peral que aprobó en 2004 el ayuntamiento con Alberto Fabra de concejal de Urbanismo. El ejecutivo del PSPV y Compromís ha renovado este año la ZAS porque las medidas acordadas en el anterior mandato no han surtido efecto.
En estos momentos, las tascas se limita a la calle Barracas, ya que los locales de Isaac Peral echaron el cierre en 2017. Al mismo tiempo, la calle Campoamor se ha convertido en un nuevo punto neurálgico de ocio del centro y ha visto incrementar la cifra de locales en los últimos tiempos. Esta calle está fuera del paraguas de la ordenanza de las tascas. En este sentido, establecimientos de este vial plantean que la excepcionalidad de las tascas se extienda a Campoamor.
Los hosteleros de las tascas confían en que la nueva ley autonómica de Salud Pública, aprobada por unanimidad en las Corts, sirva para reforzar el modelo tradicional del espacio gastronómica. La ley de Salud da vía libre a los ayuntamientos a autorizar el consumo de alcohol en determinadas zonas de los municipios, como puede ser las tascas.
