El deterioro que presenta en la actualidad el polígono Pullman, integrado en el triangulo que conforman la Ciudad del Transporte, la Salera y Estepark, tiene fecha de caducidad. Los empresarios del enclave tecnológico están decididos a dotar de servicios e infraestructuras a una de las áreas industriales más antiguas y consolidadas de Castelló. Para ello, han iniciado los trámites al objeto de constituirse como comunidad de propietarios para, a partir de ese momento, estar en disposición de urbanizar la zona, de titularidad privada pese a que la competencia de varias calles corresponde al ayuntamiento.
El cometido resulta complejo pero no imposible debido a la singularidad del polígono. Creado hace más de 40 años por un promotor particular que posteriormente se dedicó a vender las parcelas a terceros, pertenece a las empresas que desarrollan su actividad en él, si bien es cierto que tiene un uso público. Actualmente existen 20 sociedades activas, con más de 200 trabajadores, atendiendo tanto cargas nacionales como internacionales. El número de naves oscila entre las 30 y las 35, con una superficie media de 800 metros cuadrados cada una. Por las características de algunas de las compañías que operan, la presencia de autónomos y proveedores es continua. Tanto es así que años atrás se diseñó un aparcamiento para clientes en un sector común del polígono.
Desde su construcción como área industrial, la excepcionalidad siempre ha estado presente. El motivo: la negativa del anterior promotor a urbanizar y ceder el uso al ayuntamiento. Al contrario, siguió levantando almacenes, con su correspondiente escritura pública, sin solucionar servicios como el alumbrado o el alcantarillado. De hecho, las luminarias están enganchadas a cada propietario privado. Ese desarrollo anormal derivó con el tiempo en un conflicto con el catastro. El embrollo no acaba ahí. Hace tres años la oficina de recaudación del ayuntamiento reclamó a los empresarios el pago de 11.000 euros en concepto de tasa de basuras por el citado parking, pero sin aclarar quién debía asumir el impuesto; si cada empresario proporcionalmente según el volumen de su negocio o bien en función de la cantidad de naves.
La realidad es que, sin poder actuar el ayuntamiento, el área industrial se encuentra muy degradada. La ausencia de servicios no es el único contratiempo para las empresas. Quizás un problema mayor es el deficiente estado de los accesos, así como del asfaltado de las calles. El pavimento ha ido empeorando de forma considerable en los últimos años, abriéndose importantes boquetes.
A consecuencia de esta situación, los propietarios de las mercantiles porfiaron en su reivindicación ante el ayuntamiento en 2014, sin obtener respuesta alguna hasta que a finales del pasado 2017 el bipartito les aportó algo de luz a través de un informe técnico. El documento advertía de la peculiaridad del caso al tratarse de un polígono privado e instaba a los afectados a proceder a su urbanización para, al completarla, ceder el uso al municipio, como ha ocurrido en otros puntos de la ciudad. Y en ese proceso se encuentran ahora mismo los empresarios.
