El diputado de Compromís en la Diputación de Castelló, Xavi Trenco, pidió un informe a la interventora de la entidad ante la sospecha de que la naturaleza de los fondos del Plan 135-2 limiten y condicionen a los municipios en su tramitación.
La Diputación de Castelló aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado el 31 de mayo de 2018 el Plan Castelló 135-2, dotado con una partida de 12,4 millones de euros. El presidente de la diputación, Javier Moliner, aseguró en su aprobación que «duplicaba» el Plan 135, heredado de los Planes de Obras y Servicios.
Sin embargo, si bien es cierto que la cantidad económica supone una inversión de 12,4 millones más añadidos al Plan Castelló 135, el origen de los fondos es diferente y la Ley de Estabilidad condiciona su destino. Mientras que los fondos del primer plan corresponden a la línea de subvenciones de la diputación para obras y servicios, el segundo programa se nutre de los remanentes de tesorería de la Diputación de Castelló y tienen la condición de Inversiones Financieramente Sostenibles, con los condicionantes determinados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
De esta manera, los municipios y las mancomunidades que no cumplan con los criterios del decreto que regula el destino del superávit no podrán acceder a los fondos del Plan Castelló 135-2. Una circunstancia que no compete a la diputación, ya que es la ley estatal la que impide a los municipios que no cumplen con la estabilidad financiera y presupuestaria la que limita el acceso, pero que no ha sido explicada por la entidad provincial y que provocará reparos de la Intervención municipal a la hora de tramitar las obras, según denuncia el diputado Xavi Trenco.
Decreto de IFS
La naturaleza y las condiciones para gastar los remanentes que acumulan las entidades locales están recogidas en el Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo de 2018. Tal y como recoge el informe de Intervención solicitado por Compromís en la Diputación de Castelló, el decreto no presenta novedades significativas respecto al mismo decreto que regulaba las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) de 2017. Se trata de una mera prórroga. Sin embargo, la interventora apunta en su texto que «la novedad introducida al remitir información de la liquidación de 2017 es la cumplimentación de un nuevo apartado (9) dónde se tiene que informar de las proyecciones de los efectos presupuestarios (...) referidos como máximo a los 10 primeros años de la vida útil de la inversión». Es decir, que si el objeto de la inversión conlleva gastos en los sucesivos ejercicios estos deben reflejarse en la liquidación y podrían condicionar la disposición de fondos en el futuro.
Así mismo, exigencias de cumplimiento de la estabilidad y de destino de las inversiones ya conocidas. En cuanto a las exigencias, las entidades que pretendan realizar inversiones sostenibles no deben superar el límite del 110% de endeudamiento vivo, ni superar el plazo medio de pago a proveedores, así como estar corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y tener un superávit presupuestario positivo. Además, se debe garantizar que la cuantía máxima destinada a IFS no genere déficit presupuestario en el año 2018.
Pago a proveedores
Respecto a los municipios que superan el periodo de 30 días para el pago a proveedores, cabe apuntar que deberán tener aprobado un Plan Económico Financiero aprobado y en vigor y con un seguimiento del cumplimiento de los parámetros reflejados en él. Es el caso de la Vall d'Uixó, que debería recibir 150.000 euros. Según informaron desde el consistorio, el interventor municipal se puso en contacto con la interventora de la diputación para aclarar los términos ante las dudas surgidas en la convocatoria. El servicio de intervención de la diputación confirmó que, en un principio, se cumplían las condiciones y la Vall podrá optar a los fondos del Plan Castelló 135-2.
Conocidos son también los ámbitos objetivos de ampliación, que aunque son amplios, están determinados en el Real Decreto. En este sentido, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, se refería la pasada semana en rueda de prensa a este aspecto. Ante la petición del grupo Ciudadanos de invertir los 180.000 euros asignados al municipio en mejorar el alcantarillado, ámbito de aplicación recogido en el decreto, el alcalde insistió en que al tratarse de una IFS que exige que la inversión no conlleve mantenimiento era inviable incluir el alcantarillado por los gastos derivados en los sucesivos ejercicios económicos.
En concreto, el Ayuntamiento de Vila-real va a acometer una remodelación del Albergue del Molí de la Vila, que ha podido ser incluida al contemplar un descenso de la factura en suministros de luz y calefacción al contemplar criterios energéticos sostenibles en la citada reforma.
