El Ayuntamiento de Torreblanca acordó ayer en un pleno extraordinario las bases particulares para la selección de un nuevo agente urbanizador del PAI Doña Blanca Golf, después de haber aprobado en julio de 2017 la liquidación del contrato con la antigua urbanizadora Torremar y la fijación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en 6,2 millones de euros.
De esta manera, el consistorio da luz verde a unas nuevas bases de licitación, quince años después de aprobar provisionalmente la primera licitación. Tras retirar en marzo de 2015 la condición de urbanizador a Torremar, la corporación busca ahora un nuevo agente que lleve adelante este proyecto urbanístico de 1,9 millones de metros cuadrados en el litoral norte de Torreblanca. «Este es un paso muy importante para el futuro de Torreblanca», señaló la alcaldesa Josefa Tena.
La alternativa técnica y el texto refundido del proyecto de urbanización es muy similar al que se aprobó la primera vez aunque varían algunas de las 32 bases que regulan los aspectos técnicos y jurídicos para la selección del urbanizador. «Todos los criterios son objetivos, no hay ningún juicio de valor», indicó la concejala de Urbanismo Rosana Villanueva, quien recordó que el menor coste de la urbanización puntuará un 75%, el menor porcentaje en cesión de terrenos un 15%, la facilidad de pagos de las cuotas a los propietarios un 5% y las mayores garantías un 5%.
El precio licitación es de 50,5 millones, unos tres millones de euros menos que en la anterior adjudicación. Las obras internas tienen un coste de 38,6 millones y las externas y de conexión e integración, que incluyen el paseo litoral, la segunda fase de la carrassa de Mon Rossí, el suministro hídrico y eléctrico y la depuradora, están presupuestas en 16,8 millones. El plazo de ejecución de la urbanización pasa de 48 a 60 meses. Las bases están adaptadas a la ley urbanística Lotup, la ley de contratos del sector público de 2018 y el Pativel, que da al PAI una moratoria de diez años para ejecutar la urbanización.
Oposición del secretario
La posición del secretario municipal centró el debate entre el equipo de gobierno y el Partido Popular. La concejala popular Rosana Fabregat sacó a colación un informe «demoledor» del secretario, que abogaba por caducar el PAI y que «nos genera muchas dudas e inseguridad jurídica», según manifestó. El secretario, según Fabregat, solicitó más informes y puso en duda algunos aspectos técnicos como el suministro hídrico. Fabregat lamentó que no se contara con el PP durante esta tramitación. El concejal de Compromís Josep García se abstuvo en la votación.
Por su parte, Rosana Villanueva, edil de urbanismo defendió que «caducar estas bases era revertir a rústico lo que hoy es urbano, era no llevar adelante este proyecto» y aseguró que la postura del secretario es «su opinión» y que no era compartida por el ejecutivo y los técnicos municipales. «Pensamos que se estaba equivocando; este informe no es vinculante», señaló Villanueva.
