12 de julio de 2018
12.07.2018
Castelló

Desalojan a una familia con un niño en silla de ruedas por ocupación ilegal

El Ayuntamiento de Castelló les ha llevado a un hotel a la espera de disponer una casa en la que poder reubicarlos

11.07.2018 | 23:13
Familia que ayer fue desalojada por ocupar de manera ilegal un piso en San Lorenzo.

La Policía Nacional de Castelló procedió ayer al desalojo de una vivienda pública en estaba ocupada ilegalmente por una familia formada por un matrimonio y tres hijos, uno de ellos, de diez años, con una discapacidad que le obliga a ir en silla de ruedas.

Según explicaron desde la Conselleria de Vivienda (la casa ocupada pertenece a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl), el inmueble fue ocupado en mayo de 2017 y el desalojo se ejecutó en cumplimiento de una sentencia por usurpación.

El juicio se celebró el 20 de febrero de 2018 y en la sentencia se les condena al pago de una multa de 215,48 euros, costas y a abandonar la vivienda, según las mismas fuentes. Además, desde la conselleria señalan que en el fallo también se insta a informar del caso a la Fiscalía de Menores y a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castelló.

A este respecto, el matrimonio explicó que desde Servicios Sociales les dijeron que no se preocuparan porque antes de que se produjera el desalojo les buscarían otra vivienda.

No obstante, el desalojo se hizo efectivo alrededor de la una del mediodía y la familia se quedó en la calle a la espera de que desde el ayuntamiento les buscara otra vivienda.

El concejal de Servicios Sociales, José Luis López, explicó que desconocían que el desalojo se iba a producir, por lo que no habían podido buscar un piso, pero que pasarían la noche en un hotel hasta que se les facilita una vivienda puente. Las viviendas puente son pisos para reubicar momentáneamente a personas en riesgo de desahucio mientras buscan una alternativa habitacional.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Ali Brancal, explicó que la solución de esta familia pasa por tramitar una ayuda para el alquiler de vivienda, algo con lo que el matrimonio se mostró de acuerdo. El matrimonio es de Palencia, llegó a Castelló con sus hijos hace unos años y el padre trabaja en la temporada de la naranja. «Lo primero que hicieron cuando llegaron fue empadronarse, escolarizar a los niños y ponerse a trabajar», comentaban los vecinos.


Desde la Conselleria de Vivienda explicaron que cuando se detecta la ocupación reciente de una vivienda, los inspectores de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl explican a la familia que la ocupación no es legal, que hay un procedimiento reglado y un listado de solicitantes para acceder a una vivienda pública y que deben respetar la legalidad, al igual que el resto de personas.

Asimismo, se les dice que pueden permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que «impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad, generan importantes conflictos en los grupos de vivienda social e impiden desarrollar la política de normalización de viviendas en la que trabaja la conselleria».

Cabe señalar que la resolución de la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que permite la legalización de ocupantes ilegales establece que deben acreditar que entraron en la vivienda antes del 1 de julio de 2015. En el caso de esta familia se trataría de una ocupación reciente, por lo que no se podrían acoger a la legalización.

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