El pleno del Ayuntamiento de Orpesa acordó ayer exigir al Ministerio de Transición Ecológica que asuma, a través de su presupuesto, el coste total de la construcción de la desaladora Cabanes-Orpesa. «La desaladora vino impuesta por el Gobierno central, pues sin ella paralizaban la construcción de viviendas», remarcó el alcalde Rafael Albert.

El municipio debería asumir el 43,11% del montante total de la infraestructura, que asciende a cerca de 67 millones de euros. Compromís incidió en que la planta fue en su día solicitada por el pleno y se abstuvo en la votación. Por su parte, el Partido Popular, PSPV, Ciudadanos y Sí se Puede presentaron una iniciativa conjunta para solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que se haga cargo del coste de la desaladora, cuyo convenio para su financiación y explotación se firmó en 2008. La propuesta llega a penas mes y medio después de que el PSOE asumiera el Gobierno central. Además, si no pone en marcha la planta antes de marzo de 2019 el municipio deberá que devolver los 18 millones de euros procedentes de fondos europeos para la infraestructura.

En otros puntos, el pleno ratificó el inicio de los trámites para la resolución PAI del sector R5B, en la urbanización Marina d'Or, cuya constructora quebró en 2014. En el año 2016 se demandó la resolución del PAI, así como una indemnización. «Los gastos pendientes de pago correrán a cargo de los propietarios del suelo, no de los vecinos de Orpesa», indicó el concejal de Urbanismo Tomás Fabregat. También se aprobó la finalización del desarrollo urbanístico del sector R5A, en Marina d'Or.