El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido siete alegaciones al presupuesto de 2018. Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, quien explicó que, aunque el período de exposición al público ha cerrado esta semana, «todavía dejaremos unos días por si llega alguna más que haya sido remitida por correo dentro del plazo».

El primer edil insistió en que «las sentencias urbanísticas derivadas de la gestión del PP hace años siguen siendo un lastre cada día para este ayuntamiento y debido a estos problemas nos ha costado mucho tener un presupuesto». No obstante, confía en que en breve pueda entrar en vigor, ya que actualmente «se están estudiando las alegaciones y, una vez tengamos los informes correspondientes, celebraremos un pleno, previsiblemente la próxima semana, para poder comenzar a funcionar».

Benlloch indicó que «este es el año con más alegaciones, algo que ya esperábamos» y destacó que «de las siete, la mayoría todavía están relacionadas con el urbanismo del PP». En este sentido, apuntó que tres de ellas son de propietarios de terrenos que exigen que las cuentas incluyan la cantidad que se les adeuda, acogiéndose a una resolución del jurado de expropiación del pasado 21 de febrero. Sin embargo, «hasta que no se cumplen seis meses de la resolución no están en disposición de reclamar el pago».

Otras tres reclamaciones son en materia de personal, ya que «una de ellas viene del sindicato de policías, que es el único que no estuvo en las negociaciones» y el resto son, según el primer edil, de una funcionaria municipal a la que se abrió un expediente en el pasado y que «tiene una lucha contra este ayuntamiento a título personal».

La última alegación también tiene que ver con el urbanismo. En este caso, la urbanizadora Plana Baixa, encargada de la urbanización del PAI Madrigal desde hace casi dos décadas, ha solicitado añadir 3,5 millones de euros al presupuesto. Los técnicos estudian cada alegación para dictaminar mediante informes si se estiman y deben ser atendidas.