Después de dos días de traslados y dos noches en habitaciones de hotel y en casas de familiares; Ángel, Herminia y sus hijos podrán descansar en un piso para ellos. Por el momento, habitarán una vivienda puente en la que podrán estar como máximo seis meses. Durante este tiempo trabajarán con la Concejalía de Servicios Sociales para encontrar una casa definitiva en la que poder quedarse.
Todo empezó en mayo de 2017, cuando la familia ocupó ilegalmente un inmueble en el barrio de San Lorenzo que pertenecía a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. Entonces se les acusó de usurpación. El 20 de febrero de 2018 se celebró el juicio en el que se condenó a la familia al pago de una multa de 215.48 euros, costas y el abandono de la vivienda.
El matrimonio asegura que se les dijo desde Servicios Sociales del ayuntamiento que se les buscaría una casa antes de que se hiciera efectivo el desalojo. Personas como Alfonso Guerrero, expresidente de la asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo, que les acompañó en el proceso, corroboran esta afirmación.
Sin embargo, el miércoles alrededor de la una del mediodía de produjo el desahucio. Ángel, padre de la familia asegura que no hubo «constancia ni aviso» de que les iban a sacar de casa. Esa tarde el concejal de Servicios Sociales, José Luis López, les ayudó a encontrar habitación en un hotel. Esa noche y la del jueves las pasaron entre el hotel y casa de unos familiares.
Ayer por la mañana hicieron el traslado a su nueva casa. Se trata de un piso puente dejado por el ayuntamiento en colaboración con una entidad social de la ciudad. Las viviendas puente son casas que se dejan a familias que están en riesgo de ser desahuciadas o que ya lo han sido y están buscando un lugar definitivo.
Alfonso Guerrero se ha implicado con la familia en todo este proceso. Para él a partir de ahora «es muy importante la normalización en la vida de la familia». Guerrero se muestra crítico con el trabajo de algunos técnicos del área de asuntos sociales municipales que se han hecho cargo del caso: «Si hubieran hecho bien su trabajo hubiéramos ahorrado el trauma del desalojo que supondrá para los niños». Matiza diciendo que José Luis López, el propio concejal que se encarga de estos asuntos «ha hecho un buen trabajo desde el momento en el que se produjo el desahucio, ayudando a la familia en lo que han necesitado».
Ángel, el padre de familia, también piensa que el trabajo de los asistentes sociales fue mejorable en el momento del desalojo. Además, dice que el abogado de oficio asignado a la familia piensa interponer una demanda por vulneración de derechos al no existir ningún tipo de notificación del desalojo.
Futuro próximo de la familia
«A partir de ahora la familia tendrá un acompañamiento que les ayude a encontrar una vivienda definitiva y un empleo», explica José Luis López.
Para el edil de Servicios Sociales lo más importante a partir de ahora es la «normalización de la situación de la familia». Para ello se realizan «itinerarios de inclusión» en los que es importante la ayuda de los servicios sociales pero lo es más aún hacer que sea la propia familia «la que sea protagonista y autónoma», continúa López.
El posible trauma que puedan tener los menores también es una de las situaciones que se dan a partir de ahora y que es importante tener en cuenta. «Hay que centrarse mucho en ellos estos meses. Salir del hogar es un proceso que genera problemas y frustración» cuenta el edil de Servicios Sociales. Uno de los hijos de esta familia padece una diversidad funcional que le hace llevar silla de ruedas y necesita una escuela que tenga servicios especiales como un fisioterapeuta. Para escoger la vivienda definitiva este será uno de los mayores requisitos a cumplir.
