El desalojo de una familia con tres hijos (uno con discapacidad) en el barrio de San Lorenzo de Castelló sigue provocando reacciones. En esta ocasión ha sido el concejal del Partido Popular, Juanjo Pérez Macián, quien ha arremetido contra la política de viviendas sociales impulsada por el gobierno municipal y ha asegurado que en Castelló «no hay acuerdos con los bancos, no funciona el protocolo antidesahucios, no existe una bolsa de viviendas sociales, no se convoca la Mesa de Vivienda para abordar el tema y la Oficina de Vivienda sigue sin personal suficiente».
En un comunicado, Macián añadía ayer que el equipo de gobierno «se dedica a priorizar otros asuntos, que nada tienen de urgentes para los castellonenses, consiguiendo generar polémicas estériles que enfrentan a la sociedad mientras descuidan la política municipal dirigida a garantizar el derecho a la vivienda. Esta falta de iniciativa también ha sido denunciada por su propio socio de gobierno, Castelló en Moviment».
Asimismo, Macián relató que la ciudad de Castelló «debería ser, desde septiembre de 2015, la primera ciudad española en la que no se producen desahucios, si hubieran sido verdad las palabras de la alcaldesa, Amparo Marco, pero la realidad es que el problema social persiste sin que el gobierno de PSOE y Compromís erradiquen el problema, tal y como prometieron». Para el portavoz popular adjunto, ambos (PSOE y Compromís) «hicieron una despreciable utilización del drama que muchas familias sufrían, sin importarles, engañarles o decepcionarles. Los desalojos de familias siguen siendo un problema en esta ciudad y los afectados siguen a la espera de soluciones».
Macián recuerda que la vivienda «era la política estrella del gobierno de Amparo Marco, sin embargo, pese a haber declarado la ciudad libre de desahucios, estos se siguen produciendo». Para el edil popular, PSOE y Compromís «mintieron a la ciudadanía y siguen sin erradicar el problema pese a haber recurrido a una empresa externa a la que pagaron 18.000 euros para hacer un diagnóstico de la situación».
Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada una familia del barrio San Lorenzo de Castelló fue desalojada de su vivienda por ocupación ilegal. El matrimonio tiene tres hijos, uno de ellos tiene una discapacidad que le obliga a ir en silla de ruedas. El mismo día del desalojo, la concejalía de Bienestar Social les derivó a un hotel y, al día siguiente, fueron realojados en una vivienda puente. Las viviendas puente son pisos para reubicar momentáneamente a personas en riesgo de desahucio mientras buscan una alternativa habitacional.
Según fuentes cercanas a la familia, ya habrían encontrado esa alternativa habitacional por su cuenta, aunque no está adaptada para el menor, y lamentan no haber recibido ayuda desde la Concejalía de Vivienda. A este respecto, cabe señalar que, precisamente la Concejalía de Vivienda presentó en mayo de este mismo año un proyecto «para ayudar a las situaciones de emergencia habitacional y a los problemas de exclusión residencial que afectan a los ciudadanos», tal como se informa en su página web.
