La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Castelló (FAMPA Castelló Penyagolosa) solicita a la Conselleria de Educación que «paralice» el nuevo reglamento de las actividades extraescolares y que no se aplique este curso. La petición fue trasladada ayer al director territorial de Educación, Robert Roig, y el jefe de Inspección educativa en Castelló, Vicente Doménech, en una reunión a la que asistió la presidenta de la Fampa, Silvia Centelles, y otra representante. Tal como explicó Centelles al salir de la reunión, la propuesta de los padres y madres de alumnos es que la conselleria dedique este curso a reunirse con todos los agentes de la comunidad educativa y elabore el nuevo reglamento contando con ellos. La propuesta se trasladará ahora a la Conselleria de Educación, ya que cualquier decisión al respecto se debe tomar en València.

Tal como viene informando Levante de Castelló, el requisito más controvertido es el que introduce la gratuidad para los alumnos con beca de comedor, «obligando a los propios centros a pagarles las actividades», explica Centelles. Esto ha motivado que los Consells Escolars «estén rechazando las propuestas de actividades extraescolares» al considerar que «hay otras prioridades económicas a las que destinar los recursos, como el acondicionamiento y la adecuación de espacios o las reformas puntuales».

Además, desde la Fampa argumentan que la normativa llega cuando los centros educativos ya tienen aprobados sus presupuestos para el próximo curso por lo que consideran que «antes de la aplicación de esta normativa es necesario que se disponga de una partida presupuestaria específica para este gasto».

Otro de los puntos que también se planteó en la reunión de ayer es la función que debe ejercer el Consell Escolar para valorar la situación socioeconómica del alumnado que, por motivos económicos, no pueda realizar actividades extraescolares, y que no puedan acceder a becas de comedor. «Entendemos que no debe ser competencia del Consell Escolar porque consideramos que los datos necesarios para tomar la decisión de financiar la actividad al alumnado pertenecen al ámbito privado y porque las personas que integran este órgano no cuenta con las competencias necesarias para tomar decisiones de carácter social y económica tan específicas», añadió Centelles. Además, la nueva normativa no aporta «detalles específicos» sobre los criterios de baremación. Tanto Roig como Doménech atendieron las peticiones de la Fampa y, aunque en algunos aspectos mostraron su conformidad, informaron que las reivindicaciones tendrán que ser atendidas en la Conselleria de Educación. Desde Educación ya han manifestado que la dotación económica no será problema.