La pareja que lleva 22 días viviendo en un camping castellonense declara sentirse «estafada» por la empresa inmobiliaria que les alquilaba el piso del que se marcharon a principios de este mes. «El matrimonio firmó una restricción voluntaria del contrato de alquiler, pero lo hizo porque la empresa se aprovechó de su situación», cuenta a Levante de Castelló la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), María Jesús Garrido.
La mujer de la pareja explica que los trabajadores de la empresa que les alquilaba su anterior vivienda les dieron a firmar unos papeles que ellos no entendían y que, por lo tanto, no sabían a qué accedían cuando los firmaban.
La pareja tuvo que irse a vivir a un camping de Castelló a principios de mes. Ambos sufren discapacidades mayores del 65 %. La mujer afirma que necesitan «algún tipo de ayuda [económica] para poder pagar un alquiler si los pisos siguen así de caros». Pasaron toda una noche en la calle antes de dar con la solución del camping. La discapacidad que sufre el hombre requiere de ayuda médica frecuente. «No pueden estar viviendo en un camping», asegura la portavoz de la PAH.
Garrido explica que la situación del matrimonio resulta muy delicada porque «entre las dos pensiones que reciben por discapacidad reúnen poco más que un sueldo mínimo». El problema se agrava «por la inflación de los precios del alquiler que hace que sea cada vez más complicado encontrar una vivienda», continúa la portavoz de la PAH.
La pareja ya sufrió un desahucio y contó con la ayuda del Ayuntamiento de Castelló. Se les proporcionó una piso puente (viviendas que se proporcionan a familias necesitadas durante un tiempo hasta que la situación mejore). Tras ello, se les ayudó a tramitar sus solicitudes para conseguir las ayudas por discapacidad. Una vez que los dos tuvieron las pensiones se buscaron una vivienda de alquiler que pagaban íntegramente ellos sin ningún tipo de ayuda, siendo esta la que tenían hasta hace unos días.
Fuentes del Ayuntamiento cuentan que, con los sueldos que la pareja percibe por sus discapacidades ,«es probable que no entren en los baremos que hay para poder optar a una vivienda social». Las mismas fuentes aseguran que se «asesorará a la pareja para encontrar una vivienda».
Garrido, de la PAH, lamenta la «falta de política sobre vivienda social» que está habiendo en el consistorio y que «genera situaciones como esta que no deberían darse nunca».
La mujer de la pareja anuncia que se reunieron ayer con personal del ayuntamiento y que esperan «que a lo largo de la semana haya algún cambio». Lamenta su situación y dice que «se pone en el lugar de otras personas que lo han padecido [desahucios]». Para ella lo peor es «que haya gente que se aproveche de la mala situación de algunas personas y abuse de ello».
